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Gobierno asegura que no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada

El máximo tribunal del país determinó que autoridades hacendarias pueden solicitar información bancaria de ciudadanos sin autorización judicial previa.

Redacción Ciudad de México /

El gobierno federal no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada, tras la resolución de la Corte para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda solicitar información sin autorización judicial previa, aseguró Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección de Quién es quién en las mentiras de la semana en conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el secreto bancario, como parte del derecho a la vida privada, no es absoluto, por lo que las autoridades hacendarias pueden solicitar información bancaria de los ciudadanos sin autorización judicial previa.

"La resolución de amparo se debió a un juicio que promovió un particular. (...) El gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se violó, según el artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a proporcionar información bancaria; no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, concluyó la Corte", comentó en La Mañanera.


El asunto discutido en el máximo tribunal del país derivó de un amparo promovido en contra del artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre las cuentas bancarias del quejoso y que sirvió para que la autoridad hacendaria interpusiera una denuncia en su contra por la posible comisión del delito equiparable al de defraudación fiscal.

El quejoso argumentó que dicho artículo y su respectiva fracción transgrede el derecho a la privacidad e intimidad; sin embargo, los ministros de la Primera Sala de la SCJN concluyeron los ministros que no es “arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada”.



cog 

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