Dan suspensión provisional al ex gobernador César Duarte contra órdenes de aprehensión

Una jueza federal otorgó una suspensión provisional al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, medida cautelar que lo protege contra órdenes de aprehensión que se hayan librado en su contra por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

Adriana del Carmen Martínez Lara, jueza Octavo de Distrito con residencia en Chihuahua, admitió a trámite la demanda de garantías el pasado 27 de abril, luego de que el ex mandatario estatal aclaró su demanda.

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La juzgadora dejó claro que la suspensión provisional no impide a las autoridades ejecutar alguna orden de aprehensión donde se reclamen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Duarte fue señalado por la Auditoría Superior de Chihuahua de estar presuntamente relacionado con desvíos por más de 6 mil millones de pesos, mientras que las órdenes de aprehensión vigentes indican un desfalco de más mil 200 millones de pesos.

El 8 de julio de 2020, César Duarte fue detenido en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, en Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.

Lo anterior, porque el 8 de octubre de 2019, la jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, libró orden de aprehensión contra el ex gobernador por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

El 18 diciembre de ese mismo año, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para tramitar la solicitud formal de extradición a Estados Unidos.

El año pasado, una casa y un rancho que se localizan en Parral, Chihuahua, y que fueron asegurados a César Duarte dejaron de estar sujetos al procedimiento de extinción de dominio, pero permanecían embargados, mientras que otras propiedades pasaron a ser parte del gobierno del estado.

La figura de extinción de dominio fue una de las alternativas que utilizó el gobierno de Javier Corral para poder disponer de los bienes a favor del estado, sin esperar el resultado de los procesos penales contra César Duarte. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional diversos artículos de la ley estatal.

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