Abarca siguió la misma estrategia de "El Gil" para evadir acusaciones por el Caso Iguala

El 30 de agosto de 2021 el abogado del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, Alejandro Rojas Arellano, promovió un incidente de libertad por desvanecimiento de datos a favor de su cliente, acusado por secuestro en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Para ello, utilizó la estrategia que Gildardo López Astudiilo, conocido como “El Gil”, logró ser absuelto del mismo delito, por el mismo caso en septiembre de 2019: argumentar que los testimonios que había en su contra, con los que se había fundamentado tanto la acusación como la orden de aprehensión, fueron obtenidas de forma ilegal, dejando sin nada con lo cual se pudiera sostener la teoría de que Abarca habría ordenado el secuestro de los jóvenes, que a su vez habría sido coordinado por “El Gil”, Jefe de plaza de Guerreros Unidos y sus sicarios en Iguala, Guerrero.

Así, en la promoción del incidente de libertad, explicó que las declaraciones que se utilizaron en contra de Abarca estaban viciadas y consideradas como ilícitas.

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Por ejemplo, que se cometieron actos de tortura en contra de Raúl Núñez Salgado “La Camperra”, así como en contra de David Cruz Hernández “El Chino”, presunto halcón de Guerreros Unidos y Sidronio Casarrubias Salgado, un líder de Guerreros Unidos en la región, que situaban a Abarca Velázquez como quien dio la orden de agredir y detener a los jóvenes normalistas.

Por otro lado, detalló que varias detenciones que derivaron en otros testimonios resultaron ilegales, debido a que no se tenían órdenes de aprehensión sino de presentación, no se hicieron de forma apegada a la ley e incluso se realizaron bajo supuestos inexistentes, como flagrancia de hechos.

Esa situación pasó con decenas de testigos, entre ellos varios policías y comandantes, presuntos miembros de Guerreros Unidos y hasta personas señaladas por participar directamente en la desaparición de los estudiantes, como Carlos Canto, que habría sido detenido de forma ilegal el 22 de octubre de 2014, o el caso de Agustín García Reyes “El Chereje”, quien era situado en el escenario del Basurero de Cocula, donde según la narrativa de la entonces PGR ejecutaron e incineraron al menos a algunos de los estudiantes, hubo una dilación injustificada entre su detención y presentación ante las autoridades.

Y lo mismo habría sucedido con Honorio Antúnez, con cuyo testimonio se habría construido parte de la operación de la organización delictiva Guerreros Unidos.

Pero Abarca también utilizó a “El Gil” a su favor. Utilizando uno de sus declaraciones dadas como testigo colaborador de la FGR, y bajo el nombre ficticio de “Juan” de fecha 20 de mayo de 2021.

La defensa de Abarca argumentó que como en ese relato de “El Gil” no mencionó ni involucró al ex alcalde, se puede presumir que no participó en los hechos. La defensa de Abarca se quejó de una “ineficacia procesal” y con ello logró que librara los señalamientos por la desaparición de los jóvenes normalistas.

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