Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, es vinculado a proceso por peculado de 5 millones de pesos
Javier Duarte cumplió nueve años en prisión, sin embargo, tras la acusación de peculado su tiempo recluido podría extenderse hasta la determinación de culpabilidad o no.
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Javier Duarte estaría relacionado con el desvío de dinero destinado a apoyos sociales. | Cuartoscuro
Un juez federal ha determinado vincular a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos.
Esta decisión judicial representa un revés significativo para el exmandatario, ya que esta nueva acusación amenaza con prolongar su permanencia en prisión, justo cuando se encuentra a pocas semanas de cumplir su sentencia previa de nueve años.
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La imputación, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), sostiene que Duarte de Ochoa firmó un decreto que permitió la utilización de recursos que originalmente tenían un fin social específico.
De acuerdo con lo informado, estos fondos estaban destinados al Fondo para Discapacitados, así como a programas de apoyo para niños y adultos mayores.
Además, la investigación señala que el dinero fue transferido inicialmente por la Tesorería de la Federación (Tesofe) al gobierno de Veracruz, pero posteriormente fue redirigido para cubrir el pago de nómina y otros compromisos financieros de la entidad.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la fiscalía presentó un total de 38 datos de prueba.
Entre las evidencias más relevantes se encuentra la declaración de Antonio Tarek Abdalá, extesorero estatal, quien detalló que en la administración de Duarte los recursos eran mezclados de manera irregular.
Además, el testigo relató que, en reuniones oficiales, se utilizaba frecuentemente la frase "barriendo las cuentas" para referirse a la práctica de extraer fondos de diversas partidas para completar pagos pendientes del estado.
Por su parte, el exgobernador rechazó tajantemente las acusaciones, calificándolas de "una bola de sandeces" y alegando que carecen de lógica jurídica.
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Bajo este argumento, Duarte basó su defensa en el argumento de que, como gobernador, no era el encargado directo de la planeación financiera.
"Yo no fui secretario de finanzas y planeación, fui gobernador", afirmó ante el juez, insistiendo además en que los recursos en cuestión eran de origen estatal y no federal.
Asimismo, denunció la existencia de una supuesta consigna política para fabricarle delitos con el único fin de impedir que recupere su libertad próximamente.
A pesar de que la defensa intentó invalidar el procedimiento argumentando que este delito no estaba contemplado en los términos de la extradición concedida por Guatemala, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existían elementos suficientes para continuar con el proceso.
El juzgador subrayó que sus decisiones son estrictamente legales y ajenas a cualquier interés partidista, puntualizando que:
"Los tintes políticos se escapan a mi función” dijo el juez.
Con esta vinculación, la situación jurídica de Duarte se complica nuevamente ante la justicia mexicana.
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