Funcionarios 'gringos' delinquieron en México y sirvieron al narcotráfico

A los que estaban en esa mesa les costaba trabajo creerlo. Ellos, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), tenían información de cuatro fuentes confidenciales que señalaban que uno de los suyos, en las propias oficinas del gobierno, lejos de combatir al narcotráfico en México, se había vuelto parte de esa cadena criminal.

Era 2006 cuando algunos testigos protegidos confirmaron que un agente federal estadounidense, Richard Padilla Cramer, se había convertido en traidor a la causa que alguna vez juró defender. Fue descubierto por varios hechos, por ejemplo, su presencia en las negociaciones para transportar más de 300 kilos de cocaína de Panamá a España en un barco griego, el "New York Express", operación encargada por un cártel mexicano del narcotráfico.

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Esta operación reveló la colusión con el crimen organizado del muy experimentado agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, por sus siglas en inglés), que trabajó 26 años para el gobierno de Estados Unidos primero en Arizona y luego en México, especialmente en el Consulado de Guadalajara.

Los informantes confidenciales de la DEA revelaron no sólo que Padilla Cramer estaba presente durante los acuerdos en el "New York Express", sino que, además, proporcionó copias de los resultados de varias búsquedas en bases de datos confidenciales en archivos de la DEA, de antecedentes penales y de inmigración.

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También se confirmó que Richard Padilla era utilizado por un cártel para corroborar que sus esbirros no trabajaran, a su vez, como informantes de las agencias estadounidenses.

Según la información recopilada en los archivos judiciales, Padilla Cramer utilizó su posición privilegiada en el Consulado estadounidense de Guadalajara para persuadir a agentes de la DEA a que entregaran información de sus investigaciones sobre el tráfico de drogas en México y Estados Unidos.

Para sus compañeros estas revelaciones resultaron, además de sorpresivas, dolorosas.

Padilla Cramer también ayudó a que dos lavadores de dinero mexicanos escondidos en Miami pudieran regresar a México. Tras realizar búsquedas en archivos restringidos, les confirmó que era seguro hacerlo y los delincuentes reingresaron a su país.

A pesar de todos estos hechos, el agente solo fue sentenciado a pasar 24 meses en prisión.

Al menos, nueve funcionarios delincuentes

La Oficina del Fiscal General del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras dependencias de ese país han detectado que al menos nueve de sus funcionarios han cometido diversos delitos en México desde el año 2009 a la fecha. Se registran casos de abuso sexual, corrupción e incluso colusión con el narcotráfico.

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Los nueve funcionarios estadunidenses que han delinquido en México desde 2009 son: Manuel Recio, Jaime Zapata y Richard Padilla, quienes trabajaron para la DEA y fueron acusados de entregar información a narcotraficantes; Leonardo Silva, también de la DEA, hizo favores a empresarios; Ramón Bazán, de la ATF, entregaba visas irregularmente; Jennifer Loya, del Departamento de Justicia, ayudó a cárteles mexicanos; Jefrey Roland, de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, abusó sexualmente de una veintena de mujeres; Javier Cavazos, de la CBP, recibió sobornos.

MILENIO tuvo acceso a las auditorías e informes del gobierno, que revelan casos tan graves y sonados como el del agente Richard Padilla Cramer, que ayudó a narcotraficantes y lavadores de dinero a obtener información confidencial de las bases de datos, pero hay otros no tan conocidos.

Ahí figura el caso de Brian Jeffrey Raymond, ex empleado de la Embajada de Estados Unidos en México, acusado de drogar y abusar sexualmente de mujeres en una residencia de las instalaciones diplomáticas en la Ciudad de México.

Pero no es el único donde trabajadores de esa embajada han estado involucrados en diferentes delitos. Dos de ellos destacan a raíz de las auditorías del gobierno estadunidense. Como el de Ramón Bazán, quien fue agregado adjunto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México entre el año 2003 y el 2008.

Según los documentos judiciales, durante este periodo la embajada mantuvo un programa especial de referencia de visas que ayudó a acelerar su procesamiento. A través de este visado Estados Unidos quería fortalecer la diplomacia y procesos migratorios con México.

El agente Bazán mintió al recomendar a personas que no estaban ligadas a la ATF para que les expidieran visas especiales. Admitió que recomendó a cientos de solicitantes quienes supuestamente irían a visitar las instalaciones caninas de la Agencia en Front Real, Virginia.

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Por su expediente judicial, se sabe que fueron indulgentes con el agente: solo recibió una sentencia de 24 meses en prisión. Sin embargo, tiene que reportar los viajes que ha realizado a México para evitar que vuelva a delinquir.

Abuso en la Embajada de EU

El caso que más ha impactado es muy reciente: el de Brian Jeffrey Raymond, también ex empleado de la Embajada de Estados Unidos, acusado de haber abusado sexualmente de al menos 23 mujeres, nueve de ellas en la Ciudad de México.

Raymond fue primer secretario de la Embajada de Estados Unidos en México y su historia se conoció cuando fue detenido por las autoridades mexicanas en el barrio capitalino de Polanco, luego de que una de sus víctimas pidiera desde el balcón del departamento de este hombre.

Nueva información liberada por las autoridades en el 2022, revela que sus abusos comenzaron en mayo del 2020. Resultan muy inquietantes los detalles de sus métodos usados para drogar, humillar, desnudar, tomar fotografías y videos de mujeres en la Ciudad de México, y de cómo en algunos casos intentó darles dinero para poder seguir impune.

Según documentos, los hechos donde ocurrieron los abusos fueron en la residencia de la Embajada de Estados Unidos en Polanco. Quizá nadie se habría percatado de los delitos de Raymond si en 2020 aquella víctima no hubiera gritado desde el balcón.

En una declaración jurada, ella relató que aceptó reunirse con Raymond al aire libre. Al principio todo parecía transcurrir normal, él llevaba vino en una mochila y unas horas después fueron a su apartamento, bebieron más vino y comieron bocadillos ligeros.

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Pero desde ahí todo se fue a negros: la mujer no recuerda nada, salvó que salió a gritar y después despertó en una ambulancia. Ella aseguró que Raymond puso sustancias en su bebida y, en efecto, los exámenes médicos encontraron en su organismo rastros de cocaína, metanfetamina y teofilina, un medicamento para el asma.

Fue gracias a una orden de allanamiento que consiguieron ingresar a los teléfonos del empleado de la Embajada, quien tenía fotografías y videos explícitos de mujeres inconscientes o dormidas. Comprobaron que los abusos no solo se cometieron en México, sino que también algunas de sus víctimas estaban en Estados Unidos.

La fiscalía reveló que el acusado había grabado o fotografiado al menos a 24 mujeres parcialmente desnudas. En 2021, Raymond se declaró culpable, sin embargo, luego se retractó. En octubre de 2022, un juez concedió retirar la declaración del acusado porque se demostró que “fue viciada por la asistencia ineficaz de un abogado”. El juicio continúa hasta ahora.

Si bien hubo otros casos de empleados consulares, como el de George H. Brunner, agente de la DEA que en 2009 aceptó dinero y obsequios a cambio de ayudar a ciudadanos mexicanos a obtener visas de no inmigrante en Ciudad Juárez; otros hechos, más graves, se conocieron debido a que involucraban vínculos con grupos de delincuencia organizada.

Uno de los casos que evidenció el Departamento de Justicia es una historia que MILENIO dio a conocer sobre un veterano agente de la DEA coludido con narcotraficantes mexicanos: Manuel Recio.

Aprovechando los contactos y la información a la que aún tenía acceso, Recio en 2018 decidió montar su propio negocio, una empresa de consultoría llamada Global Legal Consulting, que brindaba servicios de investigación privada a abogados defensores.

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En contubernio con el agente de la DEA Juan Constanzo, obtuvo información de los sistemas de la agencia, como acusaciones selladas, con las que daban aviso a sus clientes en México sobre las investigaciones abiertas en su contra, identidades de otros acusados e incluso la fecha en que podrían ser arrestados.

Lo hicieron valiéndose del Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NADDIS, por sus siglas en inglés), una herramienta de la DEA que contiene información sobre personas que están o han estado bajo investigación judicial.

Los pagos que recibieron Recio y Costanzo iban desde los 2 mil 500 dólares, hasta sobornos de 50 mil y 70 mil dólares, que eran entregados en efectivo o en cheques de caja a sus familiares en Estados Unidos.

El juicio en contra de ambos continúa, sin embargo, al menos en el caso de Manuel Recio, los indicios en la Corte señalan que se encuentran en libertad, pues el 25 de noviembre del 2022 solicitó un permiso para asistir a la boda de un amigo, a 160 millas de Miami.

Corrupción

Otro caso que destaca es el de Jennifer Loya, quien trabajaba en la Oficina del Fiscal del Distrito Oeste de Texas, donde obtuvo información confidencial relacionada con investigaciones federales de narcotráfico, incluida la identidad de los objetivos de la investigación, los testigos cooperantes y las fechas previstas para acusar y arrestar a los acusados.

Ella compartió esta información con su hermana, quien luego se la facilitó a su esposo, Ronald Gustamante, a quien los cárteles proveían de drogas desde México y que más tarde eran vendidas por él en Estados Unidos.

Ese era el mecanismo con el que Gustamante logró alertar a sus cómplices.

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Un caso más se dio a conocer en 2016, e involucró a un ex agente de la DEA, Leonardo Silva, quien le permitió a dos empresarios amigos de Monterrey usar aeronaves de la dependencia para hacer viajes personales a costa de la agencia al menos 27 veces.

Se conoció que, además, Silva proporcionó información falsa para afectar a los rivales políticos de estos empresarios a la hora de tramitar sus visas. Desde luego, no reportó a la DEA los regalos y beneficios que obtuvo por estos favores.

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