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Fracasan controles de confianza a agentes extranjeros de la DEA

Una auditoría del Departamento de Justicia exhibe una fallida estrategia para cuidarse de casos como el de Iván Reyes Arzate, entrenado por la agencia y reclutado después por los Beltrán Leyva.

Víctor Hugo Michel Ciudad de México /

A cinco años de descubrirse que el comandante federal Iván Reyes Arzate, -brazo derecho de Genaro García Luna y enlace oficial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en México- formaba parte de la nómina de los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva, la dependencia estadunidense no ha implementado acciones correctivas las cuales eviten que el narco siga reclutando o cazando agentes mexicanos adscritos a su programa estrella en el país: Unidades de Investigaciones Sensibles (SIUs).

Aún después de descubierta la traición de Reyes Arzate y pese a las consecuencias que implicó que filtrara la identidad de numerosos agentes mexicanos entrenados por Washington -posteriormente ejecutados-, la DEA incluso ha recortado mecanismos que podrían detectar a infiltrados como sus pruebas de control de confianza, según revela una auditoría del Órgano Interno de Control del Departamento de Justicia, obtenida por MILENIO.

“Pese a serios incidentes asociados con las SIUs, la DEA no ha revisado el programa o evaluado su estructura de control de confianza (...) para mitigar el riesgo de que incidentes similares ocurran en el futuro”, sentencia la auditoría 21-109.

La investigación citada, a la que este diario tuvo acceso, es la más detallada de su tipo jamás realizada sobre el polémico programa internacional de SIUs de la DEA; le tomó al Órgano Interno de Control dos años y se efectuó de 2017 a 2019, con visitas de campo a distintas embajadas y funcionarios diplomáticos, policías de varios países e integrantes de la agencia antidrogas.

A lo largo de más de 50 cuartillas, el reporte enumera una serie de debilidades en el programa de Unidades de Investigaciones Sensibles, mediante el cual Washington entrena, prepara y financia a oficiales de distintos países para tareas de alta peligrosidad, en particular la caza de capos del narcotráfico. Se incluyen datos del programa en Honduras, Haití, República Dominicana, Colombia y México.

Entre otras conclusiones, el informe de revisión halló que aún con incidentes como los de Reyes Arzate y escándalos como la masacre de Allende, los policías que forman parte del programa no están siendo sometidos a suficientes exámenes de control de confianza como polígrafo y orina. Éstas pruebas se espaciaron de dos a tres años por razones presupuestales.

Además de eso, no existe un cronograma estricto de controles para detectar agentes corrompidos. Otras deficiencias halladas en la auditoría 21-109 son:

No existe una administración eficiente de las lealtades de los agentes entrenados para formar parte de los SIUs.

No se sabe con certeza cuánto dinero fluye hacia cada unidad.

El programa SIU, fundado en 1997, ha sido heredado de presidente en presidente, desde Ernesto Zedillo hasta Andrés Manuel López Obrador.

Con base a distintos reportes del gobierno estadunidense, se estima que entre 250 y 300 agentes mexicanos forman parte de estas unidades, creadas para emular el éxito del Bloque de Búsqueda que dio caza a Pablo Escobar, en Colombia.

Para 2021, último año del que se tiene información disponible, el financiamiento global del programa ascendió a 125 millones de dólares, parte del cual fue adscrito a México, país que tiene el mayor número de agentes SIU del mundo.


La Reina y el silencia


La parte medular del capítulo dedicado a las SIUs mexicanas versa sobre un cuestionamiento central: ¿cómo es que Reyes Arzate logró burlar los controles de la DEA durante años, pese a que estaba involucrado con el cártel de los Beltrán Leyva y el de Sinaloa?

Ahí, los auditores son particularmente críticos sobre el papel jugado por la oficina de la DEA en México, alojada en la embajada de Estados Unidos.

“Entre 2018 y 2020, el Departamento de Justicia anunció que sus investigaciones criminales habían encontrado evidencias de que el comandante de la SIU México, que dirigió la unidad de 2008 a 2016 y que había participado en ella desde 2003, aceptó sobornos de organizaciones criminales a cambio de protección y les reveló información sensible”, se establece.

Al respecto, entre otras irregularidades, la auditoría descubrió que la oficina en México de la agencia antidrogas ocultó el escándalo de Reyes Arzate y no reportó de manera inmediata a Washington que se había solicitado al gobierno mexicano la remoción de La Reina. Tampoco se lanzó investigación interna alguna, para evitar que algo así volviera a ocurrir.

En resumen, los auditores hallaron que la DEA-México se guardó la información de la caída de Reyes Arzate -potencialmente vergonzosa y dañina para el programa SIU- durante un año y medio y solo dio aviso al Departamento de Justicia hasta que ya se había hecho pública su traición, tras entregarse en Chicago, en 2017.

A pie juntillas, se explica: “De acuerdo con documentos de la DEA, la oficina en México se coordinó con la Policía Federal para remover al comandante de la SIU (Reyes Arzate) pero no reportó (...) su remoción a la oficina de programas internacionales en la sede de la DEA hasta abril de 2018, 18 meses después de que el ex comandante fuera acusado sobre cargos de obstrucción de justicia y conspiración con otros para impedir corruptamente una investigación de narcotráfico”.

La revelación es aún más vergonzosa a la luz de un dato previamente desconocido que incluye la auditoría: la DEA cultivó a Reyes Arzate durante 15 años, desde que era un joven oficial en el gobierno mexicano. En teoría, si el programa SIU funciona, tendría que haber sido incorruptible.


Otras debilidades


A la par de la mala gestión del caso Reyes Arzate, la indagatoria encontró que la DEA perdió el control de “tecnología sensible”, en sus unidades SIU, incluida la mexicana.

En ese sentido, se expone que o se han perdido o no se tiene seguimiento de equipos de espionaje telefónico donados por Washington y que, incluso, no se tiene claro a qué oficiales se capacitó para el uso de tecnologías sensibles, cuyo aprovechamiento por el crimen organizado sería un riesgo de seguridad.

Los auditores subrayaron que “la DEA no ha desarrollado herramientas para monitorear el uso de esta tecnología por sus unidades extranjeras (...) lo que incrementa el peligro potencial de que sean empleadas de manera inadecuada”. Y sobre una cultura en donde escasean los controles, añade:

“Descubrimos que la administración y supervisión de las unidades extranjeras desde la sede de la DEA es insuficiente para el entorno de alto riesgo en el que operan”.

Pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sometido a distintos controles a las agencias extranjeras presentes en territorio mexicano, como parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional, en el caso de las SIU el reporte detalla un elemento adicional: a la fecha, no existe ningún marco legal actualizado que regule la operación de estas unidades en México.

Aún cuando se trata de agentes mexicanos, México y Estados Unidos no han negociado nuevas reglas para la actuación de la DEA en su interacción con estos policías, incluso con antecedentes como los de Reyes Arzate o la masacre detonada en Allende tras una filtración desde la SIU mexicana.

Funcionarios diplomáticos de ambos países confirmaron a MILENIO que, en efecto, el memorando que rige a las SIUs data del sexenio de Felipe Calderón y no ha sido actualizado con controles adicionales.

Pese a las fallas detectadas, la DEA no se resistió a las observaciones y aceptó todas las recomendaciones del OIC; aún están pendientes de ser aplicadas.


Iván Reyes Arzate deberá pagar casi 6 mdp a EU


La Reina aseguró que, en 2016, dio información a cárteles de la droga a cambio de sobornos.

Poco después, el gobierno estadunidense, lo acusó de, siendo funcionario público mexicano, haber apoyado a los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa, en el tráfico de cocaína hacia su país.

La Corte de Distrito Este de Nueva York, emitió el acuerdo ayer, firmado por el juez que lleva su caso, Brian Cogan, en el que se aprueba incautarle 290 mil dólares, los cuales, según el acuerdo, derivaron de sus actividades criminales.

Es decir, los sobornos que habría recibido por parte de ambos cárteles para darles datos que facilitaran el tráfico de drogas.

Reyes Arzate deberá entregar casi 6 millones de pesos como parte de su acuerdo de colaboración, en el que se detalla que renuncia a su derecho por pelear legalmente para recuperar esos bienes, y que, en caso de no contar con el dinero suficiente para pagar, deberá entregar alguna propiedad que tenga un valor similar.

Además, colaborará en todo el papeleo para ceder la propiedad de tales bienes, incluso si están en otros países, como México. El acuerdo fue firmado por el juez el mismo día que tanto la Fiscalía de Nueva York como la defensa de Reyes Arzate, lo propusieron.

Iván Reyes Arzate era un alto mando de la extinta Policía Federal y el comandante de mayor rango de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el principal organismo de colaboración entre México y Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas.

De acuerdo con testigos que colaboraron con la Fiscalía de Estados Unidos, Reyes Arzate tuvo acercamientos con el cártel de los Beltrán Leyva, a quienes daba información sobre operativos en su contra, realizaba operativos contra cárteles rivales e, incluso, reveló que dentro del Cártel de los Beltrán Leyva había un informante que, finalmente, fue asesinado.

Dentro de este esquema, además, habría participado el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el ex jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal y uno de los hombres fuertes de García Luna, Luis Cárdenas Palomino.

Además, Reyes Arzate respondía directamente a otro de los funcionarios cercanos a García Luna, Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la PF.

Se espera que Reyes Arzate testifique en contra de García Luna y sus colaboradores, que están acusados en Estados Unidos de conspiración para traficar cocaína hacia ese país.



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