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Conaliteg está obligada a acatar suspensión de libros de texto, advierte jueza federal

En caso de ser omiso a la notificación, el responsable de la Conaliteg recibirá de 3 a 9 años de cárcel y multa por 50 a 500 días.

Rubén Mosso Ciudad de México. /

Una jueza federal dio a conocer que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) está obligada a cumplir con la suspensión definitiva que ordena que la impresión de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024 se realice conforme a los planes y programas aprobados y advierte que de no hacerlo así deberá visitar al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación.

Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, publicó un acuerdo el que explica que recibió un oficio del titular de la Conaliteg. Por medio de él reiteró su imposibilidad para dar cumplimiento a la medida cautelar otorgada a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP).

“…De ahí que se encuentra obligada a dar cumplimiento a la suspensión definitiva, por lo que de ser omisa se le harán efectivos los apercibimientos formulados para tal efecto”.

Polémica sobre nuevos libros de texto de la SEP
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Qué pasa si Conaliteg omite suspensión de libros de texto

La juzgadora indicó que la Conaliteg debe acatar lo acordado el pasado 6 de junio, cuando se desvirtuó la imposibilidad que refirió para cumplir con la medida cautelar.

Los apercibimientos a los que se refiere la juzgadora es que, en caso de ser omisa, se dará vista al superior jerárquico y al agente del Ministerio Público de la Federación conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo.

El artículo 262 fracción III establece lo siguiente:

  • Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión 
  • Multa de cincuenta a quinientos días 
  • Destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.



El pasado 29 de junio, Medina Alcántara determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Conaliteg no acataron la suspensión definitiva, por lo que dio un plazo de 24 horas para que dieran cumplimiento.

Esta suspensión definitiva ordena cumplir con todas las formalidades previstas para que la impresión de los libros de texto se realice conforme a los planes y programas aprobados, programas que no fueron publicados y libros que tampoco se han puesto a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general.




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