CFE presenta en EU documentos judiciales contra peñistas

En un intento para que la justicia estadunidense no deseche la asistencia internacional para recabar pruebas en contra de dos grandes impulsores de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, la Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha aportado documentos judiciales de la investigación mexicana, con lo que intentan que no se venga abajo el proceso en Estados Unidos y comprobar que en México sí son acusados por actos de corrupción.

El día de ayer MILENIO publicó que el caso WhiteWater, con el que la CFE buscaba perseguir un caso de corrupción que involucra a dos funcionarios de la administración anterior, estaba en vilo por omisiones que involucraban a la propia dependencia.

Apenas el 26 de agosto pasado un juez de Texas presentó sus comentarios y recomendaciones, donde aseguraba que la defensa mexicana ni siquiera había entregado los documentos que probaban el delito en Estados Unidos. Entre ellos resaltaban la ausencia de la investigación penal que inició la Fiscalía General de la República (FGR), e incluso dijo no tener certeza de que existiera esa indagatoria, ya que tampoco adjuntan la denuncia penal.

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Este diario tuvo acceso a la apelación que interpuso la CFE, en la cual pide al tribunal que rechace tajantemente estos argumentos ya que México sí está cumpliendo con los requisitos para solicitar la asistencia internacional en contra de Javier Gutiérrez Becerril, entonces director de operaciones, y Guillermo Turrent, ex director de CFE, quienes habrían favorecido con tráfico de influencias a Matthew Calhoun, fundador de WhiteWater Midstream, empresa que se convirtió en la principal proveedora de gas natural importado desde Texas.

“El 26 de agosto de 2022, el Juez Magistrado Lane emitió un Informe y Recomendación de que este Tribunal conceda la moción del Demandado Antaeus Group LLC para anular las citaciones entregadas por CFE International LLC (CFEi). Este Tribunal debería rechazar ese Informe, que se basa en numerosos errores críticos de hecho y de derecho”.

Entre los recursos que presentó la CFE en Estados Unidos, se encuentran un documento que se emitió luego de una audiencia que se llevó a cabo el 17 de agosto de 2022, el cual incluye la causa penal mexicana 21/2022, los nombres de los comparecientes y una minuta donde se establece que la próxima audiencia será el próximo 26 de octubre.

Entre los documentos que hacen parte de la objeción del gobierno mexicano, se encuentra la declaración de Fernando Aponte Martínez, director de Cumplimiento de CFE International LLC, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR en México.

Aquí revela que desde el pasado 23 de mayo del 2022 empezaron a llevarse a cabo las audiencias, la primera de ellas de manera virtual y donde estuvieron tres funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, la CFE, los imputados y sus abogados.

Ahí deja claro que el juez aplazó la audiencia de ese día para 17 de agosto, para así permitir a la defensa que tuviera tiempo de revisar un documento que había sido proporcionado recientemente por la Fiscalía mexicana.

Continúa su declaración asegurando que ese día se llevó a cabo una audiencia que duró aproximadamente tres horas, donde los acusados solicitaron un segundo aplazamiento.

Los imputados declararon que la Fiscalía les había entregado dos volúmenes del expediente de la investigación que incluían contratos en inglés, por lo que solicitaron el aplazamiento para revisarlos. También se adjunta una copia del acta de la audiencia del 17 de agosto.

Aquí puede leerse que ese día la defensa argumentó que fue hasta el 12 de agosto que la fiscalía mexicana les corrió el traslado de 3 mil 466 hojas que contenía documentos en inglés que no habían alcanzado a revisar.

En la entrada de la petición se recalca los esfuerzos de CFEi por proporcionar a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, y al tribunal mexicano, pruebas relacionadas con la corrupción de dos de sus ex ejecutivos, Guillermo Turrent Schnaas y Javier Gutiérrez Becerril, sobre la adjudicación de contratos masivos de gas natural a subsidiarias de WhiteWater Midstream.

E insiste que el proceso existe: “Con base en su investigación inicial, la CFEi presentó una denuncia penal ante la FGR, que ahora está realizando su propia investigación y ha tomado la decisión independiente de presentar cargos formales contra Gutiérrez y otra persona ante un tribunal en México”.

Además, plantea que, aunque la recomendación que presentó el magistrado Mark Lane, deja en entredicho la investigación mexicana, eso no es verdad e ignora el extenso expediente incluyendo las declaraciones juradas que habían presentado desde hace semanas.

En el documento la CFE también resalta que es una especulación el argumento de que la CFEi tiene la intención de utilizar el descubrimiento en ayuda del proceso penal mexicano en “algún otro proceso no identificado”.

Finalmente, otro de los argumentos que la CFE expresa en este documento es que el magistrado de Texas, Mark Lane, prácticamente hizo copy-paste a un borrador de recomendaciones que anteriormente había redactado la empresa Antaeus Group.

“El 24 de agosto de 2022, el abogado del Demandado Antaeus Group LLC envió un correo electrónico al Juez Magistrado de los Estados Unidos a quien se remitieron estos asuntos con un ‘Informe [Propuesto] y Recomendación del Juez Magistrado de los Estados Unidos’ creado en Microsoft Word”.

“Me enviaron una copia de ese correo electrónico y un documento de Word. El 26 de agosto de 2022, la Corte emitió su ‘Informe y Recomendación del Juez Magistrado de los Estados Unidos’”.

De acuerdo con la defensa, utilizaron un programa de software llamado Workshare Compare para crear una versión de línea roja que mostraba los cambios entre la versión de Word del Informe y recomendación enviados por Antaeus y el del magistrado de Estados Unidos. Según la defensa mexicana, era prácticamente idéntico.

Es por esto que concluye: “Por estas razones, la CFEi sostiene respetuosamente que este Tribunal debe rechazar el Informe, denegar las mociones de anulación y dictar una orden de protección que prohíba el uso del descubrimiento en asuntos que no sean para el proceso penal mexicano en ausencia del Tribunal”.

cog