Alejandro Leyva rechazó protección y ahora acusan a DDHPO por no haber actuado ante amenazas contra periodista

El Fiscal General de Justicia, Bernardo Rodríguez Alamilla, reveló que a través de un fiscal de control se ofreció el servicio de escoltas y medidas de protección al periodista asesinado Alejandro Leyva Aguilar, aunque la víctima en un primer momento las rechazó y después se determinó un protocolo discreto que estaba en espera de aplicarse antes del crimen.

Fue este miércoles cuando el fiscal rechazó la versión de que se haya extraviado o desechado la carpeta de investigación por las amenazas al periodista, calificando como falso el señalamiento que hizo la Defensora de Derechos Humanos Elizabeth Lara Rodríguez, mismas donde, desde su perspectiva, se cometieron errores y desaciertos en el caso del comunicador asesinado.

Rodríguez Alamilla afirmó que los detalles y alcances respecto a la intervención de la Fiscalía Estatal se entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), dejando claro que no se compartió información a la DDHPO por temor a fugas.

Mencionó que en otros casos la Fiscalía identificó filtraciones por información o datos a la DDHPO, lo que puso en riesgo a varias víctimas, por lo que en el caso Alejandro se quiere evitar tal anomalía.

Fiscalía de Oaxaca acusa a la Defensoría de Derechos Humanos por querer lavarse las manos en el caso Alejandro Leyva

El Fiscal estatal lamentó que en un intento por desviar la atención y evadir su responsabilidad institucional, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) cuestionó la actuación de la Fiscalía del Estado en el caso del periodista asesinado Alejandro Leyva.

Sin embargo, un análisis detallado del expediente revela que fue la propia Defensoría la que incurrió en graves omisiones que dejaron a la víctima en un estado de vulnerabilidad institucional.

Esto se debe a que lejos de activar los protocolos de urgencia que ameritaba el caso, la DDHPO minimizó las amenazas contra el comunicador al tramitar el asunto como un simple "cuaderno de antecedentes" y no como una queja formal.

Al ignorar el artículo 58 de su propia Ley —que le faculta para iniciar investigaciones de oficio ante violaciones graves y reiteradas contra comunicadores—, la institución limitó desde el primer día el alcance de la protección hacia Leyva.

Defensoría de Derechos Humanos habría omitido solicitar las medidas de protección para Alejandro Leyva

Además de la pifia administrativa, la Defensoría brilló por su ausencia en el trabajo de campo. No emitió medidas cautelares directas, violando las facultades que le otorgan los artículos 13 (fracción V) y 66.

Su "actuación", dijo el fiscal, se redujo a la burocracia de escritorio: enviar oficios para preguntar si la víctima ya contaba con protección, sin brindarle un acompañamiento real ni asistirle en la ratificación de su denuncia, un mandato expreso del artículo 7 de su legislación.

Finalmente, la DDHPO omitió realizar el análisis de riesgo y de contexto al que estaba obligada. Aunque las amenazas derivaron directamente de los señalamientos públicos de Leyva en conferencias de prensa, la institución no activó los mecanismos de alerta temprana previstos en la ley para la protección de periodistas (art. 13, fracción VI).

Hoy, ante la tragedia, la titularidad de la Defensoría busca culpar a otras dependencias de una inacción que comenzó en sus propias oficinas, expuso Bernardo Rodríguez.

El fiscal refirió que la Defensoría tiene facultades legales para exigir las medidas de protección a una víctima de amenazas y de ello hay antecedente, pues está reformado en la ley que Bernardo Rodriguez, presume, impuso cuando fue Defensor de Derechos Humanos.

EG