Violencia contra pueblos originarios deja 70 activistas asesinados o desaparecidos en Michoacán
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que en los últimos 50 años al menos 70 activistas de pueblos originarios han sido asesinados o desaparecidos.
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Integrantes de comunidades indígenas exigen justicia por activistas asesinados y desaparecidos en Michoacán
La violencia contra defensores de pueblos originarios en Michoacán ha dejado una profunda herida que, lejos de cerrarse, sigue abierta.
De acuerdo con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), al menos 70 activistas han sido asesinados o desaparecidos en los últimos 50 años, en un contexto marcado por la impunidad y la falta de respuesta institucional.
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Denuncian impunidad y falta de respuesta ante ataques a líderes indígenas
Según explicó Pavel Ulianov, representante del CSIM, de estos casos 50 corresponden a homicidios de líderes sociales, mientras que los 20 restantes están relacionados con desapariciones forzadas.
La cifra, señaló, no solo refleja la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad en la que operan quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas.
“Son cinco compañeros de la comunidad de Tarejero, seis de Ostula, dos de Santa Fe, y así hay más de 20 casos; en todos ellos hay total impunidad”, denunció Ulianov, evidenciando que los ataques no son hechos aislados, sino parte de un patrón que se ha extendido por distintas regiones del estado.
Las causas detrás de esta violencia están estrechamente ligadas al activismo en defensa del territorio, los bosques y la autonomía de los pueblos originarios.
Estas luchas, que buscan preservar recursos naturales y derechos ancestrales, han colocado a los líderes comunitarios en la mira de intereses que, en muchos casos, operan al margen de la ley.
Además de los asesinatos y desapariciones, el CSIM reporta que al menos 90 personas han recibido amenazas, incluyendo el propio Ulianov, quien reveló contar con un botón de alarma ante el riesgo constante.
“Algunos han presentado denuncias, otros no. En mi caso, he recibido amenazas de muerte”, afirmó.
Pese a que varios de estos casos han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, el organismo indígena asegura que no existe un seguimiento efectivo ni resultados concretos en las investigaciones.
Esta situación, advierten, alimenta un clima de impunidad que permite que la violencia continúe.
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El llamado del CSIM es claro: visibilizar la problemática y exigir justicia para las víctimas, así como garantías reales de protección para quienes continúan defendiendo los derechos de sus comunidades.
Mientras tanto, la cifra de agresiones sigue creciendo, en medio de un escenario donde la justicia parece aún lejana.
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KH
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