Alistan denuncia contra municipio de San Pedro por daño y abuso tras desalojos

MONTERREY.- Una vecina de la avenida Vasconcelos y cuya familia denunció que fue esposada por policías en el desalojo y la demolición ejecutados por el municipio de San Pedro Garza García alista una denuncia penal contra el Ayuntamiento por daño a propiedad ajena y abuso de autoridad.

En entrevista con MILENIO, el abogado Josemaría Urrutia García indicó que a petición de la familia, con dos hijos menores de edad, emprendió de entrada un juicio de amparo contra el decreto de expropiación emitido en forma exprés por el gobierno del estado y solicitado por el municipio que encabeza Miguel Treviño de Hoyos.

“Estoy defendiendo a una familia que la desalojaron de su casa habitación, incluyendo a sus hijos, entre ellos, dos menores de edad, que los sacaron con fuerza pública, los esposaron y procedieron de inmediato a la demolición de parte de su casa.

“Hay criterios de que es anticonstitucional, porque no te da derecho de audiencia previa. La rapidez  y la forma de cómo hicieron el desalojo, que es un abuso de autoridad, por ello se van a interponer denuncias penales por daño a propiedad y abuso de autoridad”, informó.

El integrante del Bufete Urrutia Asociados reveló que este martes se admitió la demanda de amparo contra la expropiación, pero la juez Segundo de Materia Administrativa negó la suspensión provisional contra el acuerdo expropiatorio. Sin embargo, interpondrá un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado para que revoque la decisión de la juez.

“También son dueños de un local comercial con antecedente previo donde llegó personal del municipio, entraron y querían hacer la demolición y se dieron cuenta que se habían equivocado, no era ese predio, pero ahí ya se generó otro tema penal, aunque con la expropiación tomaron la posesión formal del predio”, dijo.

La familia es residente de la vivienda marcada con el número 359 de Vasconcelos y cuentan con un local comercial sobre la misma avenida en el número 391, y fueron 8 de los propietarios afectados con el decreto de expropiación.

El integrante del despacho Urrutia Asociados señaló que el acuerdo expropiatorio fue realizado en fast track  para que los vecinos no tuvieran defensa de ley.

“La misma quejosa acudió el 31 de agosto y de su puño y letra presentó la denuncia que se radicó en el Juzgado Segundo, y le dieron una suspensión para efectos de que no se continuara con la demolición, pero las autoridades acabaron demoliendo”, dijo.

Urrutia García informó que iniciarán con el procedimiento de violación de una suspensión provisional, ya que el viernes 3 de septiembre se presentó una ampliación de la demanda contra el acuerdo expropiatorio.

cog