Escándalo en la DEA: Permitieron que el fentanilo inundara las calles de Nuevo México para "cazar peces gordos"
Registros gubernamentales y testimonios de agentes revelan que la DEA vigiló entregas masivas de opioides sintéticos entre 2023 y 2025 sin intervenir, priorizando la construcción de casos judiciales de mayor envergadura sobre la seguridad pública inm
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La DEA permitió el flujo de fentanilo en Nuevo México para armar casos contra narcos, pese al alza en muertes por sobredosis
En medio de la crisis de sobredosis más letal en la historia de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) permitió que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Nuevo México.
Según registros revisados y testimonios de agentes actuales y retirados, la agencia optó por no incautar cargamentos vigilados con el fin de identificar a los líderes de las redes de narcotráfico.
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Una estrategia de alto riesgo
La táctica, conocida en el ámbito policial como dejar "caminar" la droga, ha generado una profunda división interna. Mientras que algunos funcionarios defienden la medida para desmantelar organizaciones completas, otros la consideran una negligencia criminal.
La justificación oficial: Alex Uballez, exfiscal federal de Nuevo México, argumentó que perseguir a las organizaciones más grandes tiene un impacto mayor que interceptar cada transacción individual.
"Los peces gordos valen la pena", afirmó, sosteniendo que esta estrategia, a largo plazo, salva más vidas.
La denuncia del denunciante: El agente especial de la DEA, David Howell, quien presentó una queja formal como informante (whistleblower), tiene una visión radicalmente distinta.
"Envenenamos a nuestra comunidad para armar casos", declaró Howell, asegurando que esta "ceguera voluntaria" provocó muertes directamente.
Cifras alarmantes y "ceguera" operativa
Los informes revelan una precisión asombrosa en la vigilancia que no se tradujo en acciones inmediatas.
En junio de 2023, agentes de la DEA monitorearon una transacción en un parque de casas móviles en Albuquerque donde se entregaron 74,000 pastillas; sin embargo, no se realizó ninguna incautación en ese momento.
Un antiguo supervisor de la DEA, bajo condición de anonimato, relató que se permitió el flujo de "millones" de pastillas durante una investigación multiestatal el año pasado.
Aunque el caso culminó en mayo de 2025 con la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA (más de 3 millones de pastillas), los críticos señalan que la organización podría haber sido desmantelada meses antes, evitando que grandes cantidades de droga llegaran a los consumidores.
Violación de protocolos y costo humano
La controversia se intensifica debido a la extrema letalidad del fentanilo, donde apenas unos miligramos pueden ser fatales.
Protocolos ignorados: Aunque el Departamento de Justicia dictó en 2017 que el fentanilo debía incautarse "tan pronto como fuera factible" debido a su peligro como "arma de destrucción masiva", las reglas se flexibilizaron en 2024 para dar más discreción a los agentes.
Impacto en Nuevo México: Mientras que las muertes por sobredosis bajaron un 14% a nivel nacional el año pasado, en Nuevo México aumentaron un 21%.
Consecuencias para el denunciante
Tras exponer estas prácticas, el agente David Howell fue relegado a labores de escritorio y se le prohibió testificar en tribunales federales.
Sus colegas y expertos comparan esta situación con el fallido operativo "Rápido y Furioso" de 2011, donde el seguimiento de armas hacia México terminó en tragedia.
Hasta el momento, la DEA sostiene que sus decisiones fueron "legales y razonables" dadas las circunstancias de las investigaciones.
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Sin embargo, para agentes como Howell, la campaña de la agencia "Una pastilla puede matar" (One Pill Can Kill) contradice directamente la política de permitir que millones de esas mismas pastillas inunden las comunidades.
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