Privacidad en jaque: Barra Mexicana de Abogados alerta por riesgos en la 'Tarjeta La Única' en Jalisco
La Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, advierte que el diseño legal de la ´'Tarjeta La Única' vulnera principios de protección de datos personales.
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La “Tarjeta La Única” concentra funciones de transporte, programas sociales y servicios financieros | Foto: Cortesía
La Comisión de Derecho Digital de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), Capítulo Jalisco, encendió las alertas sobre posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos derivadas de la implementación del programa gubernamental 'Tarjeta La Única – Mi Tarjeta Jalisco'.
Una iniciativa que busca modernizar el acceso al transporte público y canalizar subsidios sociales mediante una plataforma digital unificada.
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Consentimiento forzado pone en riesgo la legalidad del programa
Aunque el proyecto ha sido presentado como un avance en materia de inclusión y eficiencia administrativa, el análisis técnico-jurídico realizado por especialistas de la BMA advierte que su diseño legal y operativo presenta deficiencias graves que podrían comprometer la privacidad, la autodeterminación informativa y la validez del consentimiento otorgado por miles de personas usuarias.
Uno de los principales señalamientos es la existencia de un 'consentimiento empaquetado', una práctica que contraviene los principios de la legislación mexicana de protección de datos personales.
Bajo el esquema actual, quienes desean acceder a la tarifa subsidiada del transporte público deben aceptar, en un solo acto y sin posibilidad de desagregación, los términos y condiciones generales, el aviso de privacidad y múltiples finalidades de tratamiento de datos.
Esto, según la BMA, invalida el consentimiento, al no ser libre, específico ni informado, pues el acceso a un servicio público esencial queda condicionado a aceptar todo el paquete de condiciones.
Otro aspecto que genera preocupación es la integración de múltiples funciones en una sola tarjeta. 'La Única' no sólo sirve como medio de pago para el transporte, sino también como mecanismo de identificación para programas sociales y como tarjeta de débito Visa, operada por la institución financiera privada Broxel.
Ojo. @BMA_Abogados , advierte de la trampa que existe al entregar los datos personales para adquirir la Tarjeta Única pic.twitter.com/mYCdi2uyCt
— José García Piña (@JoseVascoG) January 17, 2026
Esta convergencia implica la concentración de datos personales sensibles, como información financiera, patrones de movilidad, geolocalización y potencialmente datos biométricos, en una única identidad digital.
Para los expertos, se trata de un tratamiento excesivo y desproporcionado, que va más allá de lo estrictamente necesario para cumplir la finalidad original del sistema.
La BMA también advierte sobre la ausencia de salvaguardas específicas para niñas, niños y adolescentes, quienes pueden ser registrados como beneficiarios dependientes sin mecanismos diferenciados que aseguren la protección reforzada que exige el principio del interés superior de la niñez.
Este vacío normativo incrementa los riesgos de uso indebido de datos de menores de edad.
A ello se suma la falta de claridad en la delimitación de responsabilidades entre el Gobierno de Jalisco y la empresa financiera Broxel.
La ambigüedad sobre quién es el responsable del tratamiento de los datos personales genera incertidumbre jurídica, especialmente en casos de posibles incidentes de seguridad o cuando los ciudadanos buscan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad (derechos ARCOP).
Pese a la contundencia de sus observaciones, la Comisión de Derecho Digital no plantea la cancelación del programa, sino un rediseño urgente de su arquitectura legal.
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Entre sus recomendaciones destacan la separación clara de consentimientos, la garantía de acceso al transporte sin la obligación de ceder datos innecesarios y la posibilidad de rechazar finalidades comerciales o publicitarias sin perder el beneficio del subsidio.
El llamado final de la Barra Mexicana de Abogados es a que las autoridades estatales corrijan estas deficiencias antes de que el programa se consolide, a fin de que la digitalización de los servicios públicos avance sin poneren riesgo la legalidad, la privacidad y la confianza ciudadana.
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