Por uso de armas y uniformes prohibidos, la SEP denuncia a la academia militarizada Ignacio Zaragoza en Puebla

El abogado de la dependencia federal, Eurípides Flores, elevó el caso ante la Fiscalía General de la República para investigar posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego.

La SEP busca deslindar responsabilidades penales tras detectar posibles irregularidades en el instituto | Agencia Es Imagen

Puebla./ 17.08.2026 14:32:58

Eurípides Flores, abogado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno de Claudia Sheinbaum, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, por posibles irregularidades relacionadas con el uso de armas, uniformes e insignias reservadas para las Fuerzas Armadas.

A través de sus redes sociales, detalló que, en términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los servidores públicos tienen la obligación de denunciar posibles delitos.

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Bajo la lupa: Posibles delitos federales por uso de armamento y equipo militar

El abogado explicó que se recibieron denuncias sobre esta institución supuestamente militarizada en la que se podría estar vulnerando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además del uso indebido de uniformes e insignias exclusivas del ejército.

La denuncia fue presentada ante la delegación de la autoridad ministerial federal en Puebla, con el objetivo de iniciar las investigaciones pertinentes, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

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Cero tolerancia: SEP prioriza la integridad y derechos de los estudiantes

Flores dejó en claro que el sistema educativo nacional tiene la obligación ineludible de salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Como coordinadores del sistema, la SEP debe velar por la integridad de los menores y el respeto a sus derechos humanos.

Por ello, enfatizó que estas acciones son contundentes para asegurar que cualquier indicio de violación o abuso contra los estudiantes tenga consecuencias legales, advirtiendo que ninguna institución puede operar bajo esas condiciones de irregularidad.