Insólito en La Laguna: Compran terrenos para casas de campo y terminan invadidos por más de 200 tumbas
A pesar de haber ganado un juicio agrario en 2022 que obliga al municipio de Matamoros a indemnizarlos y construir una barda protectora, la autoridad ha hecho caso omiso.
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Además del conflicto de propiedad, expresó preocupación por la falta de control sobre los entierros realizados en el sitio
Lo que comenzó como un proyecto patrimonial y habitacional para una familia lagunera se ha transformado en un complejo laberinto legal y de salud pública en el municipio de Matamoros.
Propietarios de parcelas en el Ejido Compuertas B, pertenecientes a este municipio, denunciaron que el panteón local ha invadido terrenos particulares con total impunidad, al grado de que actualmente existen más de 200 cuerpos sepultados de forma ilegal dentro de sus predios, sin que las autoridades municipales acaten las sentencias agrarias.
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El conflicto es encabezado por Efraín Díaz Pérez, propietario de la parcela 71 y representante legal de su hermana Dina Díaz, dueña de la parcela 76. De acuerdo con el afectado, ambos adquirieron las tierras en el año 2005 con la firme intención de desarrollar un proyecto de urbanización enfocado en la construcción de casas de campo.
Sin embargo, con el paso de los años, el crecimiento descontrolado del cementerio aledaño comenzó a recorrer los límites territoriales, sepultando cuerpos dentro de las parcelas privadas y sepultando con ellos la viabilidad de cualquier plan inmobiliario. Entre ambas parcelas suman poco más de cinco hectáreas, de las cuales más de la mitad ya se encuentra ocupada por tumbas.
Díaz Pérez señaló una particularidad que agrava la falta de control: el terreno original del panteón pertenece al municipio de Matamoros, pero gran parte de las personas que ahí son enterradas provienen del vecino municipio de Francisco I. Madero, y a la fecha, los sepelios continúan realizándose dentro de su propiedad sin ninguna regulación.
Ante la nula respuesta de las distintas administraciones locales para frenar la invasión, los afectados iniciaron un juicio agrario en el año 2016, el cual derivó en una resolución emitida a su favor en 2022.
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El Tribunal y el Registro Agrario Nacional determinaron de manera formal que el Ayuntamiento de Matamoros debía atender de inmediato la problemática a través de dos acciones concretas:
- Delimitación territorial: Levantar una barda perimetral para frenar el crecimiento del panteón hacia las propiedades privadas.
- Indemnización: Otorgar una compensación económica a los afectados ante la evidente imposibilidad de restituir o exhumar los terrenos que ya se encuentran ocupados por los restos humanos.
"Pese a la sentencia emitida y a las sanciones que ya se le han aplicado al gobierno municipal por desacato, no se han ejecutado las medidas para resolver el caso y el panteón sigue creciendo", afirmó Díaz Pérez.
Alerta por salud pública
Además del despojo de su propiedad, el denunciante externó su profunda preocupación por la absoluta falta de control sanitario y civil sobre los entierros que se ejecutan en el sitio, catalogándolo ya como un problema de índole social y de salud pública para la zona rural.
Finalmente, Efraín Díaz hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales y municipales para que intervengan antes de que la tensión escale a un conflicto civil mayor, manifestando que, aunque su postura sigue siendo la del diálogo, no permitirán perder definitivamente su patrimonio.
A esta exigencia se han sumado habitantes y ejidatarios del sector, quienes ya han respaldado la causa mediante la entrega de oficios y firmas de inconformidad.
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