¿Habrá despidos tras las evaluaciones en el Poder Judicial? OAJ aclara situación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en diversas sedes del país realizaron movilizaciones debido a la incertidumbre sobre la revisión laboral de sus plazas. Ante esto, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró la función que tendrán los exámenes programados para diciembre de 2026.

La autoridad administrativa del sector judicial informó de forma oficial que los puestos de trabajo del personal no se encuentran en riesgo a causa de esta medida. Asimismo, las autoridades reiteraron la apertura para mantener comunicación constante con las agrupaciones sindicales.

La aclaración ocurrió en el marco de los llamados a paro en distintos puntos del territorio nacional por parte del personal de carrera judicial. Las agrupaciones manifestaron dudas sobre la permanencia en sus puestos tras la realización de las pruebas.

¿La evaluación de diciembre 2026 provocará despidos?

A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que la evaluación es una atribución fijada por la Constitución Mexicana. Por ello, descartaron que la aplicación del examen genere el despido de empleados o la pérdida de plazas existentes.

El Acuerdo que regula este proceso señala en los artículos transitorios Cuarto y Quinto que el primer examen de diciembre de 2026 será de tipo diagnóstico. Esto significa que el proceso no contempla resultados de aprobación o de reprobación para quienes lo presenten.

De igual forma, el documento establece de manera explícita que las calificaciones obtenidas no generarán consecuencias individuales. Tampoco derivarán en la separación del cargo del personal que integra la carrera judicial en las dependencias.

¿Cuál es el objetivo real del examen en el sector judicial?

Capacitación y mejora del servicio a la ciudadanía

El Órgano de Administración Judicial indicó que la revisión busca identificar las necesidades reales de capacitación entre los trabajadores. Con esta información, la institución planea diseñar programas para reforzar los conocimientos técnicos del personal.

La meta principal del procedimiento es fortalecer la función pública y optimizar la impartición de justicia en el país. Las pruebas se aplicarán una vez que los trabajadores concluyan el primer curso de formación programado.

La institución enfatizó que el cumplimiento de esta obligación legal sirve como herramienta de profesionalización. En ningún caso la medida servirá como un mecanismo para justificar la salida de personal.

Diálogo abierto ante convocatorias de paro nacional

Postura del Órgano de Administración Judicial frente a las protestas

Respecto a las concentraciones y llamados a suspensión de labores en distintas sedes judiciales, la autoridad administrativa expresó respeto a la libertad de manifestación. No obstante, recordó que la evaluación es un mandato legal que debe cumplirse.

El órgano gubernamental reiteró la disposición de dialogar con las organizaciones de trabajadores para resolver inquietudes sobre el proceso. La intención es brindar herramientas e insumos educativos que apoyen el desempeño diario del personal de carrera.

De esta forma, las autoridades buscan dar certidumbre laboral al personal judicial mientras se avanza en la capacitación requerida. Las mesas de diálogo continuarán abiertas con los sindicatos durante el desarrollo de las etapas de formación.

ZNR

​