Tras 20 años, familia de Nancy sigue esperando que feminicida diga qué hizo con el cuerpo; juez le redujo sentencia

La familia Moreno Becerril acumula dos décadas de exigencia de localización de los restos de Nancy Jacqueline Moreno Becerril, quien desapareció en 2007 tras salir a su jornada laboral sin retornar a su domicilio.

El sujeto procesado por el delito confesó ante las autoridades en 2024 haberle quitado la vida para obtener un beneficio económico, pero omitió revelar la ubicación exacta del cuerpo mientras un juez de la Ciudad de México redujo su condena de 53 a 25 años de prisión.

¿Qué pasó con Nancy?

Nancy Jacqueline Moreno Becerril salió de su vivienda en 2007 rumbo a su centro de trabajo, punto del que después partiría hacia una reunión familiar acordada para la noche de esa misma jornada; sin embargo, nunca llegó. 

Tras la denuncia formal presentada por la desaparición ante las autoridades correspondientes, la investigación bancaria detectó movimientos e inscripciones de retiros financieros realizados desde la cuenta bancaria de la víctima.

Los registros en video de las sucursales bancarias permitieron identificar a Gerardo Alberto 'N' como la persona que efectuó los cobros de dinero con la tarjeta de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el señalado mantenía un vínculo laboral con Nancy Jacqueline y registraba diversas llamadas telefónicas coincidentes en las bitácoras de comunicación previas a la desaparición.

Transcurridos 14 años desde el inicio de las indagatorias, Gerardo Alberto 'N' declaró ante la Fiscalía General de la República haber cometido el homicidio por dinero, reservándose el dato sobre el paradero de los restos físicos.

¿Qué ha pasado con el caso de Nancy tras casi 20 años de su feminicidio?

Gerardo Alberto 'N' recibió inicialmente una sentencia de 53 años de cárcel por el delito de secuestro agravado tras probarse su responsabilidad en la privación de la libertad.

Sin embargo, en 2024 y en un lapso de tres meses, el juez trigésimo sexto de lo penal en la Ciudad de México, Enrique Gallegos Garcilazo, disminuyó la pena a 25 años alegando el criterio de buena conducta del interno.

Los familiares de la víctima interpusieron un recurso de amparo ante la falta de notificación sobre la resolución judicial que modificó el fallo punitivo original.

Por ello, el juez décimo sexto de distrito en materia penal fijó una audiencia de revisión para verificar la legalidad de los procedimientos aplicados en la rebaja de la condena penal.

Parientes y ciudadanos se concentraron con pancartas frente a las instalaciones judiciales de la avenida Insurgentes Sur para solicitar que se mantenga la pena de 53 años impuesta previamente.

La carpeta de investigación relativa a los delitos de desaparición y homicidio ha permanecido tres años sin judicializar por parte de la Fiscalía General de la República.

La representación legal de la familia solicitó que el juzgador reconsidere los antecedentes integrados al expediente para juzgar los hechos bajo el marco legal correspondiente.

El pronunciamiento del juzgado de distrito resolverá si ratifica la disminución de la condena o restituye el periodo de reclusión fijado en la primera instancia del proceso.

TEHV

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