Sheinbaum asegura que 91% de víctimas por caída de Línea 12 aceptó acuerdo reparatorio

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, a un año del derrumbe del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, su administración le ha brindado atención integral a las víctimas y se sigue avanzando en la rehabilitación segura del transporte.

De acuerdo con la jefa de Gobierno capitalino, el 91 por ciento de las víctimas que dejó la caída del tramo elevado de la Línea 12 optaron por llegar a un acuerdo reparatorio.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de la Línea 12 siguen avanzando, por lo que existe la posibilidad de que el tramo subterráneo abriera antes que el resto de la ruta; sin embargo, dicha decisión dependerá del análisis que realicen los expertos, debido a que los trenes deben partir y llegar a su taller, ubicado en la estación Tláhuac.

“Si el tramo subterráneo está antes del tramo elevado y está en condiciones de seguridad de pasar los trenes por el tramo elevado, porque recuerden que el taller está en Tláhuac, entonces los trenes ya vacíos tendrían que estar pasando para su proceso de mantenimiento; si este es el caso, entonces se estaría abriendo el subterráneo, sino pues ya estaría la línea completa, pero por supuesto vamos a estar informando todas las semanas”, explicó.

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Claudia Sheinbaum detalló que se encuentra al tanto de la dificultad por la que están pasando los habitantes de Tláhuac al no contar con el servicio de Metro en su demarcación, por lo que les recordó que el gobierno capitalino no ha abandonado “ni un minuto el proceso de rehabilitación y reconstrucción”.

En la conferencia de prensa para informar sobre las acciones que se han tomado tras un año de la tragedia que ocasionó la muerte de 26 personas, la jefa de Gobierno comentó que el proceso de justicia ha sido transparente y se ha centrado en la atención de las víctimas con la aplicación de justicia restaurativa, impulsado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

“Nosotros respetamos a cualquier víctima y ellos tienen derecho a acercarse a un abogado, abogada. Nuestro papel siempre ha sido acercarnos a ellos con la verdad, dándoles toda la verdad. Y cerca del 91 por ciento de todas las víctimas han aceptados los acuerdos preparatorios y el apoyo que se les ha dado”.

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Claudia Sheinbaum indicó que no se han dado a conocer los resultados del tercer y último peritaje de causa raíz que entregó la empresa DNV sobre el colapso del tramo elevado de la Línea 12, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil no lo aceptó, pues consideró que no cumple con lo que se pidió a la empresa e incumple con la calidad de los dos primeros peritajes.

“Nosotros consideramos que hay conflicto de interés. El primero y el segundo reporte nunca se había presentado un abogado y ahí establecían claramente los problemas de diseño y de construcción; en el tercer reporte no siguen la metodología que establecieron y además, aparece un abogado que había participado en su momento en un juicio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces ya cuando no siguen la metodología y hay un abogado que tiene otro tipo de intereses y el último documento no cumple con lo establecido, es ahí donde la Secretaría de Protección Civil plantea que recibe el documento, pero tiene muchísimas observaciones”.

El asesor designado por la Jefatura de Gobierno para coordinar los apoyos a las víctimas de la Línea 12, Ernesto Alvarado, detalló que el 76 por ciento de los afectados designaron cono asesores jurídicos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la FGJ; mientras que el resto cuentan con representación privada.

Respecto a las indemnizaciones de las víctimas, el Metro otorgó 45 millones de pesos para las 129 familias y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo lo propio con 31 millones de pesos adicionales para apoyos de acuerdo con la afectación. Con ello, los acuerdos reparatorios de la Fiscalía capitalina ascienden a cerca de 300 millones de pesos.

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KT