En el proyecto se menciona que se dejarán de aplicar las normas que criminalizan el aborto a nivel federal y que el fallo tendrá que ser acatado por cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa.
En el documento entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reclaman los actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros.
Por unanimidad, los ministros aceptan dar celeridad al asunto, tras solicitud del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.
