En la entrega de ascensos a los integrantes de las fuerzas armadas, el almirante Rafael Ojeda y el general Luis Cresencio Sandoval refrendaron lealtad al Presidente y a las instituciones del Estado mexicano.
Por la escalada de violencia, México externó su preocupación por el actuar de las fuerzas armadas y de la policía boliviana, a la vez que condenó el actuar de la OEA tras el golpe de Estado.
La presidenta interina, Jeanine Áñez, firmó un decreto para que Fuerzas Armadas queden "exentos de responsabilidades penales" en cumplimiento de sus funciones.
