¡A pagar la pensión! Tlaxcala implementa baja policial para deudores alimentarios
Mientras una nueva unidad con inversión millonaria combatirá extorsiones con tecnología cibernética, el estado limpia sus filas de policías incumplidos con sus hijos.
En una medida que busca reforzar la integridad y el estado de derecho al interior de las corporaciones, elementos policiales en Tlaxcala que sean deudores alimentarios serán dados de baja de manera inmediata.
Así lo informó el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Maximino Hernández Pulido, quien detalló que la disposición deriva de la "Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública".
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Los Uniformados deben cumplir sus obligaciones familiares
La normativa, que entró en vigor el pasado 1 de enero, representa un esfuerzo por alinear la conducta de los servidores públicos con sus obligaciones civiles y familiares. Hernández Pulido precisó que la medida aplicará de manera integral, abarcando tanto a los más de 2,500 elementos de la policía estatal como a los aproximadamente 2,200 uniformados adscritos a los 60 municipios de la entidad.
"Se deberá notificar al titular correspondiente, ya sea al presidente municipal, al secretario de Seguridad o a la Fiscalía, para iniciar el procedimiento de baja", explicó el funcionario. "Todo esto tendrá que seguir el proceso previsto en las comisiones de honor y justicia; será consecuencia de las siguientes semanas y también lo daremos a conocer".
La ejecución de esta política está sujeta a la integración de un padrón oficial de deudores alimentarios, el cual servirá como base para iniciar los procedimientos administrativos que marca la ley.
Esta acción se enmarca dentro de una estrategia integral de fortalecimiento institucional, que también contempla el reclutamiento policial con el objetivo de alcanzar el 25 por ciento de elementos certificados y una meta de 1.8 policías por cada mil habitantes.
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Refuerzo de capacidades investigativas y cibernéticas
Paralelamente a la política de cero tolerancia con la deuda alimentaria, la SESESP anunció la creación de una "Unidad Antiextorsión", la cual representará una inversión de 20 millones de pesos.
Los recursos estarán destinados principalmente a la adquisición de software especializado para combatir fraudes, extorsiones y llamadas delictivas, mediante análisis cibernético avanzado y el monitoreo de fuentes abiertas.
Esta unidad se erigirá sobre tres ejes fundamentales: el impulso a la denuncia anónima a través del número 089, la certificación de áreas de investigación especializadas y el fortalecimiento de las carpetas de investigación, tanto del fuero común como del federal.
Se busca con esto dotar a las autoridades de herramientas tecnológicas de vanguardia para enfrentar delitos de alta incidencia social.
"Se está invirtiendo en tecnología este año con un software con un costo de 20 millones de pesos para esta unidad antiextorsión", destacó Hernández Pulido. "Esto permitirá análisis a nivel cibernético con acceso a fuentes abiertas, y cuyos resultados ayudarán a fortalecer las carpetas de investigación del fuero común y del fuero federal".
ERV
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