Encuentran a 29 mujeres en operativos en bares de San Nicolás, Nuevo León por trata de personas
Dos establecimientos de San Nicolás fueron asegurados tras cateos relacionados con una investigación por trata de personas.
La Fiscalía de Nuevo León ejecutó dos órdenes de cateo en bares del municipio de San Nicolás, como parte de una investigación por el presunto delito de trata de personas.
Las acciones se realizaron en los establecimientos “Melón” o “Richie Norebang Music”, ubicado en la colonia Francisco G. Sada, y “Coco Cosmos”, en la colonia Industrias del Vidrio Ampliación Oriente.
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En los operativos se aseguraron dispositivos electrónicos, terminales bancarias, equipos de videograbación, teléfonos celulares, documentos y preservativos.
En uno de los inmuebles fueron localizadas 29 mujeres, un hombre y una adolescente de 17 años, quien quedó bajo resguardo del DIF; mientras que en el segundo bar se ubicó a una mujer y un hombre, todos trasladados en calidad de testigos. Ambos establecimientos quedaron asegurados y las investigaciones continúan.
¿Cómo se castiga la trata de personas en Nuevo León?
En Nuevo León, la trata de personas es considerada uno de los delitos más graves y se sanciona con penas severas conforme a la legislación estatal y a la Ley General en la materia. Este delito abarca conductas como la captación, traslado, retención o explotación de personas mediante engaño, abuso de poder, amenazas o violencia, con fines como explotación sexual, laboral, mendicidad forzada o tráfico de órganos.
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Las sanciones contemplan penas de prisión que pueden ir de varios años hasta más de dos décadas, además de multas económicas significativas. Cuando las víctimas son menores de edad, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, las penas se incrementan de forma considerable, pudiendo alcanzar hasta 30 años de cárcel para los responsables.
Además del castigo penal, la ley establece la obligación de reparar el daño a las víctimas, lo que incluye atención médica, psicológica, apoyo legal y medidas de protección. Las autoridades estatales están obligadas a investigar estos delitos de oficio y a coordinar acciones de prevención, persecución y atención integral, con el objetivo de combatir de manera frontal la trata de personas en el estado.
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