Vinculan a proceso a Irene N., ex alcaldesa de Izúcar de Matamoros por tortura contra periodistas
A Irene N., no se le impusieron medidas privativas de la libertad, sin embargo, ya se encuentra vinculada a proceso por el caso.
La ex alcaldesa Irene N., fue vinculada a proceso por el delito de intimidación en agravio de las periodistas y hermanas, Michelle y Natali Hoyos López, quienes desde 2023 mantienen una denuncia en su contra por tortura y abuso sexual.
La decisión judicial marca un avance en un caso que ha sacudido a la región por sus implicaciones contra la libertad de expresión y los derechos humanos.
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A Irene Olea no se le impusieron medidas privativas de la libertad
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, un juez determinó que existían elementos suficientes para someter a proceso a la ex funcionaria, aunque no se le impusieron medidas privativas de la libertad.
Entre las condiciones que deberá acatar destacan:
- Firma periódica ante autoridades.
- Prohibición de acercarse a las víctimas o a sus testigos.
La etapa de investigación complementaria continuará, mientras que en julio la ex funcionaria enfrentará una nueva audiencia por otra de las denuncias en su contra.
Michelle Hoyos, una de las agraviadas, anunció que apelará la decisión del juez de no vincular a Irene por el delito de falsificación de documentos, pero destacó que el fallo representa un paso importante en la búsqueda de justicia.
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Los hechos que desataron el escándalo
El caso se remonta al 10 de marzo de 2023, cuando las periodistas fueron detenidas de manera irregular por policías municipales de Izúcar de Matamoros y trasladadas a la comandancia local.
Ahí, denunciaron haber sido torturadas, violentadas y abusadas sexualmente por los agentes, quienes, según su testimonio, actuaron bajo órdenes de la entonces alcaldesa.
La investigación derivó en la captura de seis servidores públicos, actualmente en prisión preventiva. Sin embargo, el caso tomó un giro más oscuro con el asesinato de María Socorro Barrera, testigo clave, ejecutada el 20 de enero de 2024 en la carretera internacional de Izúcar.
Implicaciones y reclamos de justicia
Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han exigido justicia para las periodistas, señalando que el caso refleja la vulnerabilidad de la prensa en México, país donde, según Reporteros Sin Fronteras, al menos 15 comunicadores fueron asesinados en 2023.
Mientras la Fiscalía profundiza en las acusaciones por tortura y falsificación, la sociedad espera que el proceso judicial no quede en la impunidad. Para Michelle y Natali, la lucha continúa:
"Sabemos que es un camino largo, pero no nos rendiremos", declaró una de ellas tras la audiencia.
¿Qué sigue?
El próximo mes podría definirse si Irene N., enfrentará cargos adicionales, mientras las víctimas y sus abogados insisten en que las órdenes de tortura partieron de la cúpula del gobierno municipal.
El caso no solo pone en jaque a la ex alcaldesa, sino al sistema de justicia mexicano, en un país donde el 90% de los crímenes contra periodistas quedan sin condena, según datos oficiales.
ERV
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