Fiscalía de Colima catea agencia automotriz BYD por presuntos actos de tortura contra una mujer
Las autoridades centraron sus esfuerzos en la localización y aseguramiento videograbaciones relevantes para la investigación.
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El operativo se llevó a cabo en la agencia BYD ubicada sobre el bulevar Carlos de la Madrid Béjar | Fiscalía de Colima
La Fiscalía General del Estado de Colima llevó a cabo un cateo en una agencia automotriz de la marca BYD, ubicada sobre el bulevar Carlos de la Madrid Béjar, como parte de una investigación por presuntos delitos de tortura y malos tratos contra una mujer.
La diligencia se realizó en cumplimiento de una orden judicial previamente autorizada, lo que permitió a las autoridades ingresar al establecimiento con el objetivo de recabar elementos de prueba que contribuyan al esclarecimiento de los hechos denunciados.
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De acuerdo con información oficial, el operativo fue ejecutado por agentes de la Policía Investigadora de la FGE, quienes contaron con el respaldo de fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad durante la intervención.
Entre las corporaciones que participaron se encuentran la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, las cuales establecieron un perímetro de seguridad en los alrededores del inmueble.
¿Cuál fue el objetivo principal del cateo dentro de la agencia?
Como parte del cateo, las autoridades centraron sus esfuerzos en la localización y aseguramiento de un dispositivo que pudiera contener videograbaciones relevantes para la investigación.
Este material audiovisual podría ser fundamental, ya que, en caso de existir, serviría como dato de prueba dentro de la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía.
La dependencia destacó que la obtención de evidencia es un elemento crucial para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, especialmente en casos que involucran posibles violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la tortura.
En este sentido, subrayó que el análisis de cualquier material recabado permitirá robustecer la indagatoria y determinar si existen responsabilidades penales.
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La Fiscalía reiteró que tanto personas físicas como instituciones tienen la obligación legal de colaborar con las autoridades cuando se les requiera información, documentación o cualquier otro elemento que contribuya al desarrollo de las investigaciones.
Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos sobre la mecánica de los hechos denunciados ni sobre posibles personas implicadas, la FGE aseguró que continuará con las indagatorias bajo el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, la autoridad ministerial informó que las investigaciones seguirán su curso con el propósito de esclarecer plenamente lo ocurrido y, en su caso, llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
Mientras tanto, el caso permanece en proceso y bajo reserva, en tanto se integran los elementos necesarios para su judicialización.
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