¡Por fin! Cobrarán ´impuestos verdes' a empresas que contaminen

ESPECIAL.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló los cuatro impuestos “verdes” establecidos por la Ley Hacendaria de Zacatecas contra aquellas empresas que provocan un daño al medio ambiente.

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La semana pasada, la Corte determinó que los estados del país sí están facultados para aplicar impuestos “verdes” contra aquellas compañías que generen afectaciones al ecosistema.

Los impuestos analizados por el pleno tienen que ver con daños ambientales en la extracción de minerales, por emisión de gases, contaminación del suelo, subsuelo y agua, y por los depósitos de residuos tóxicos.

La mayoría de los ministros coincidieron que dichos gravámenes no invaden facultades federales, y sí favorecen la búsqueda y uso de tecnologías menos agresivas para el medio ambiente.

El jueves pasado, con ocho votos a favor y dos en contra, el Pleno de la Corte validó el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien propuso declarar constitucional que las entidades del país y no sólo la Federación, pueden establecer en sus leyes hacendarias dicho impuesto.

El caso derivó de una controversia constitucional interpuesta por el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien pidió anular los preceptos, del 6 al 36 del mencionado estatuto, bajo el argumento de que vulneran las facultades de la Federación en materia de minería, equilibrio ecológico, contaminación de la atmósfera, preservación de las aguas nacionales y, tratamiento y disposición de residuos peligrosos.

Ante esta situación, el Congreso local y el titular del Poder Ejecutivo de  Zacatecas manifestaron que las normas impugnadas fueron expedidas con base en las facultades concurrentes que la Constitución establece en materia de medio ambiente.

La mayoría de los ministros coincidió que el Congreso de la Unión no tiene la atribución exclusiva de legislar en materia de contribuciones, porque las contribuciones se encuentran encaminadas a hacer efectivos los objetivos y atribuciones, tanto de la Federación como de los Estados y municipios, lo que implica que cada uno en su esfera de competencia puede establecer diversos gravámenes. 

IH