Extorsionadores queman combi de transporte público en Otumba, Edomex; amenazan con matar a choferes de la ruta
Extorsionadores amenazaron con quemar unidades con pasajeros dentro si no se realiza el pago de cuotas "por seguridad".
El pasado fin de semana, el municipio de Otumba, en el Estado de México, fue escenario de un ataque directo contra el sector transporte público, donde un grupo de extorsionadores interceptó e incendió una unidad de la ruta 95 en el poblado de Oxtotipac.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando varios sujetos cerraron el paso a la camioneta, obligaron al chofer a descender de forma violenta y procedieron a rociar el vehículo con gasolina para prenderle fuego.
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Extorsionadores amenazaron con matar a choferes y quemar unidades con pasaje dentro
Se cree que este acto criminal es una represalia debido a que la empresa de transporte se ha negado a pagar cuotas de extorsión y ha optado por realizar denuncias ante las autoridades.
Antes de escapar, los delincuentes lanzaron una amenaza de muerte, donde dijeron que si los directivos no acceden a pagar la llamada "cuota de protección" en los próximos días, comenzarán a asesinar a los operadores y quemarán las unidades con todo y pasajeros a bordo.
Según reportes, la policía municipal de Otumba, bajo el mando del alcalde Hilarión Coronel, no acudió al lugar; fue la policía estatal la que arribó horas después solo para asesorar al afectado sobre cómo proceder ante el Ministerio Público.
Este fenómeno criminal ha evolucionado significativamente en México desde el año 2000, pasando de simples llamadas telefónicas a tácticas de violencia psicológica, intimidación y agresiones físicas.
Los delincuentes suelen utilizar información obtenida en redes sociales o directorios para estudiar el nivel socioeconómico de sus víctimas y lanzar amenazas personalizadas para forzar el pago de dinero.
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¿Cómo se castiga la extorsión en México?
La extorsión es catalogada como un delito de alto impacto y según el artículo 390 del Código Penal, comete este delito quien, sin derecho, obliga a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un lucro o causar un perjuicio patrimonial.
Las sanciones estipuladas por la ley incluyen penas de dos a ocho años de prisión y multas de cuarenta a ciento sesenta días, además de:
- Agravantes: Las penas pueden aumentar hasta el doble si el delito es cometido por una asociación delictuosa, o si el perpetrador es un servidor público, exservidor público o miembro (activo o retirado) de corporaciones policiales o de las Fuerzas Armadas.
- Sanciones administrativas: Para los funcionarios o militares involucrados, se impone la destitución del cargo y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar funciones públicas, además de la baja definitiva si pertenecen a las Fuerzas Armadas.
TEHV
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