¿Libres? Así opera la reserva de ley y por qué los 32 jóvenes liberados de las marchas de la Generación Z siguen en riesgo de ser procesados
Las audiencias revelaron imputaciones que no prosperaron, inconsistencias en las detenciones y testimonios que contradicen el boletín oficial de la Fiscalía,
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Familiares y colectivos acudieron a las audiencias para acompañar a los jóvenes detenidos el 15 de noviembre | Foto: Usi Toledo
Los 32 jóvenes liberados tras las detenciones del 15 de noviembre no quedaron exentos de proceso.
Salieron con reserva de ley, una figura que según explica Elena Guimaraes, investigadora del Área de Tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) permite que el Ministerio Público continúe investigando y pueda volver a solicitar la vinculación a proceso si consigue nuevos elementos dentro del plazo legal.
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Imputaciones incompletas, versiones parciales
La información recabada por el Cepad durante las audiencias muestra un escenario más amplio que el comunicado en el boletín oficial de la Fiscalía del Estado.
De acuerdo con Guimaraes, la imputación inicial se integró así:
- 33 personas acusadas por el delito federal de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
- 3 personas, además, por daño en las cosas.
- 4 más, también por lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
Es decir, había delitos del fuero local incluidos en la solicitud de vinculación. Sin embargo, estas imputaciones locales no prosperaron, y ninguna de las personas acusadas por delitos del ámbito estatal fue vinculada a proceso.
En contraste, el boletín de la Fiscalía omite mencionar que las imputaciones locales cayeron y solo reconoce el delito federal, respecto del cual el juez determinó vinculación para ocho jóvenes.
Perfilamiento, inconsistencias y testimonios que contradicen a la policía
Los testimonios recopilados por el Cepad contradicen los reportes policiales. Guimaraes explica que las familias y los jóvenes describieron inconsistencias en las horas, lugares y condiciones de las detenciones.
En varios casos, los agentes aseguraron que los detenidos estaban alcoholizados o se comportaban de manera violenta, algo desmentido por testigos y por la evidencia:
- Ninguno de los jóvenes con los que habló el Cepad dijo haber participado directamente en los hechos frente al Palacio de Gobierno.
- Muchos solo caminaban, grababan con su teléfono o corrieron cuando otros corrieron.
- La mayoría son hombres menores de 30 años, varios vestidos de negro, muchos con tez morena.
Algunos familiares relataron que los policías les dijeron que tenían “cara de chilangos”, algo que posteriormente quedó descartado al revisar las credenciales: eran originarios de Jalisco.
Para Guimaraes, esto muestra perfilamiento y criminalización basada en apariencia, edad y color de piel, un patrón que recuerda lo ocurrido el 28 de mayo de 2004.
Golpes, incomunicación y horas sin registro
Los relatos coinciden en la violencia de la detención: sometimientos, golpes en la cabeza y el tórax, uso de macana.
Después fueron trasladados al interior del Palacio de Gobierno, donde permanecieron sentados o boca abajo junto a decenas de detenidos y donde siguieron recibiendo golpes.
Cerca de la medianoche, los jóvenes fueron llevados a la Cruz Verde Delgadillo Araujo y luego, alrededor de las dos de la mañana, a la Fiscalía de Calle 14.
Allí no se les permitió comunicarse de inmediato con sus familias. La mayoría de los parientes se enteró por redes sociales o por la prolongada ausencia de los jóvenes.
Incluso cuando acudieron a Calle 14, les dijeron que no podían dar información porque no había registro, aunque los jóvenes ya estaban dentro.
Las familias pudieron verlos hasta la tarde del domingo, por lapsos de apenas unos minutos.
Según testimonios conocidos por el Cepad, durante esas visitas elementos de la Fiscalía intimidaron a los jóvenes sobre lo que podían o no decir.
Amparos, denuncias y evidencia
Guimaraes explica que las personas vinculadas pueden promover amparos tanto contra la vinculación como contra la prisión preventiva justificada dictada a siete de ellos.
Además, recomienda:
- Presentar denuncias por tortura o tratos crueles ante la Fiscalía estatal.
- Interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Conservar toda la evidencia: videos, ubicaciones, certificados médicos, datos de geolocalización y cualquier prueba que acredite dónde estaban o cómo fueron detenidos.
- Reportar el robo de celulares, pues varias personas denunciaron que los agentes se los quitaron.
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Un boletín oficial con omisiones
El comunicado oficial de la Fiscalía presenta una versión mucho más estrecha:
ocho jóvenes vinculados por un delito federal, 32 liberados respecto a ese delito y cuatro menores internados en un albergue.
No menciona los delitos locales que inicialmente se imputaron —ni por qué no derivaron en vinculación—. Tampoco menciona la violencia denunciada, la incomunicación ni las inconsistencias en los reportes policiales.
La autoridad encargada de investigar y perseguir delitos de tortura fue omisa ante detenciones arbitrarias y malos tratos.
Por ello sostiene que el seguimiento al caso no termina con la liberación, sino con la responsabilidad del Estado frente a cada detención, cada golpe y cada denuncia interpuesta.
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