Pasar al contenido principal
+

Próximos 5 días

Pronóstico en video

Empresas fantasma ahora serán considerados 'delincuencia organizada': Senado

Con la reforma se aplicarán sanciones de 5 a 8 años de cárcel a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Foto: Milenio / Ariana Pérez | Senado de la República.

MÉXICO.- Morena aplicó su mayoría en el Senado y junto con sus aliados aprobó en lo general reformas a diversos ordenamientos con los que se sancionará como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional a las empresas fantasmas, a quien compre y venda facturas falsas, con la aplicación de prisión preventiva oficiosa y cárcel de 5 a 8 años.

TE RECOMENDAMOS: Mujer se baña bajo la lluvia a falta de agua en su colonia: México [VIDEO]

Las bancadas del PRI, PAN y PRD alertaron que es un exceso que la Cuarta Transformación castigue a todos los contribuyentes por parejo como terroristas cuando incurran en una defraudación fiscal y anunciaron que dicha disposición se controvertirá en el Poder Judicial, luego de quedar votada en lo general con 82 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

Aunque todavía falta la discusión en lo particular y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentará una propuesta de modificaciones, el dictamen votado modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

De acuerdo a las modificaciones, se aplicarán sanciones de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Será sancionado con las mismas penas a quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión pública, en adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este código.

Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente por este delito. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, también el contrabando y su equiparable.

Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis.

Previo a la votación, Movimiento Ciudadano se separó del bloque opositor y votó junto con Morena, el PT, el PES y el PVEM esta legislación, al argumentar el autor de la reforma, Samuel García, que aseguró que sí es delincuencia organizada, porque hoy en día se emiten 8 millones de facturas falsas que amparan dos billones de pesos, lo que resulta en una evasión de 700 mil millones de ISR.

“Es delincuencia organizada, también se roba el IVA, 320 mil millones de pesos; bajita la mano, estamos hablando de una evasión de un billón que debería estar en hospitales y en escuelas, y hoy está en servidores públicos y en factureros”, resaltó.

Aseguró que se podrá atacar la ordeña vía empresas fantasmas en casos que han ocurrido en la CFE, Nafinsa, Gobierno federal, a universidades y como quedó evidenciado con la Estafa Maestra.

El coordinador perredista Miguel Ángel Mancera, la priista Nubia Mayorga y la panista Minerva Hernández afirmaron que se trata de terrorismo fiscal, porque aplicará a todos los contribuyentes y empresarios, que no tendrán derecho a fianza y se les aplicará la prisión preventiva oficiosa, sin atender el derecho de presunción de inocencia cuando sus cuentas no cuadren ante Hacienda.

IHL