El gobierno del Estado, está dispuesto a colaborar con la investigación del asesinato del abogado  nuevoleonés Jesús Guerero Chapa, quién murió el día de ayer en en Southlake, un suburbio ubicado cerca de Dallas, Texas.

Jorge Domene mencionó que el caso se lleva en Estados Unidos, sin embargo de ser necesario colaborarían en la investigación.

““Hasta ahorita no ha llegado alguna petición formal de colaboración sabemos que estos hechos al ser de un ámbito internacional pues tienen su protocolo, estaremos atento para poder aportar en su momento de ser requerido””

El asesinato se dio ayer cuando un sicario llegó a bordo de una camioneta blanca tipo SUV acompañado de otra persona, quien se quedó en el vehículo al momento del crimen.

Guerrero Chapa recibió múltiples disparos en su cuerpo, mientras que su esposa, quien se encontraba en el asiento del conductor al momento del ataque, resultó ilesa.

Las cámaras de seguridad del centro comercial donde el abogado asesinado y su pareja se encontraban, registraron la imagen de la camioneta en la que viajaba el ejecutor, pero las placas de la unidad no fueron captadas.

El litigante nuevoleonés, quien estuvo preso en el Penal de La Palma, luego de ser aprehendido en Monterrey acusado de narcotráfico en febrero de 2002, fue liberado meses después por desvanecimiento de pruebas.

En ese tiempo se le relacionaba como cercano al entonces líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quien fue aprehendido y extraditado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a 25 años de prisión en febrero de 2010, al declararse culpable de narcotráfico.

Una fuente reveló que años después, la familia de Guerrero Chapa (la madre, esposa y sus dos hijos) fue secuestrada en Monterrey.

El abogado regresó a la ciudad para negociar el rescate, y al ser liberados sus parientes, todos se fueron a radicar a los Estados Unidos.

Aunque aún no se confirma por la autoridad, su muerte podría estar ligada al asesinato del abogado 

AMIGO DE LITIGANTE FUE EJECUTADO EN MONTERREY

De manera extraoficial trascendió que Juan Jesús Guerrero Chapa era amigo de Eliseo Martínez Elizondo, un abogado que fue secuestrado el jueves 25 de abril y su cuerpo sin vida apareció al día siguiente sobre la avenida Clouthier, en la colonia Santa María, al poniente de Monterrey.

Los hechos ocurridos hace exactamente cuatro semanas, dejaron al descubierto que Martínez Elizondo era abogado de varios casinos, antros y bares de Monterrey, aunque ya no residía en la ciudad.

Una fuente reveló que tanto Martínez Elizondo como Guerrero Chapa compartían la defensa legal de varias casas de juego de Monterrey y de otras ciudades, la mayoría de ellas fronterizas.

Trascendió que ambos litigantes eran también amigos de un fiscal federal oriundo de Reynosa, con quien hacían diversos tratos para operar la defensa de sus clientes, al parecer desde un despacho legal que ambos compartían en McAllen, Texas.

Uno de los últimos casos legales de Eliseo Martínez Elizondo es un juicio oral de arrendamiento número 0287/2012 que interpuso una persona de nombre Teodoro Escamilla, cuyo expediente continuó hasta el 4 marzo de 2013.

Este recurso fue presentado contra Martínez Elizondo y Patricio Manuel Martínez Brito, éste último abogado autorizado de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua que presentó un permiso falso a un juez para amparar el casino Foliatti, clausurado por el municipio de Monterrey.

Redacción

El día de hoy la Agencia Estatal del Transporte,  contabilizó hasta el mediodía 50 multas interpuestas a distintas rutas del Estado.

Los operativos realizados en los municipios serán en distintos puntos, con el fin de constatar que sí se realice el descuento de transbordo.

Agentes retiraron de circulación una unidad de la ruta 99, ya que no le era aplicado el descuento por transbordo a sus usuarios y el chofer contaba con una licencia de conducir vencida.

El día se sumaron 105 multas, que suman alrededor de tres millones de pesos.

 Con información de Zynthia Vanegas

Fotografía: Roberto Alanís

Monterrey  • El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Prevención de Pérdidas (AMPPPAC), Sergio Alejandro Zúñiga Alarcón, invitó a la comunidad que se quiera capacitar como consultor externo de Protección Civil de Nuevo León, ya que hasta la fecha han salido de la asociación 30 agentes especializados en seguridad y protección.

La invitación se dio en el marco del anuncio del XXII Congreso Internacional denominado "La Seguridad y Protección Hoy 2013", a realizarse los días 22 y 23 de agosto en un centro de convención ubicado en la avenida Morones Prieto.

Zúñiga Alarcón explicó que el registro para las personas interesadas en capacitarse como consultores únicamente lo realiza la dependencia estatal en los meses de enero y febrero, por lo que hay un número importante de personas que se quedan fuera y el congreso será una buena oportunidad para que se integren.

En el congreso se espera la asistencia de unas 400 personas, especializadas en diferentes temas como la seguridad.

Marilú Oviedo

Monterrey  • Luego del primer día de operativos para sancionar a unidades del transporte que no cumplan con el descuento del 50 al transbordo, el gobernador Rodrigo Medina advirtió que de mantener su postura, los empresarios perderán más ingresos que los reportados hasta hoy.

El mandatario estimó que de mantenerse la tendencia, en un mes habrán perdido 60 millones de pesos por las multas.

“Los transportistas no pueden de manera unilateral cambiar las tarifas ni hacerse a un lado y desconocer acuerdos que ya son oficiales”, amenazó.

El mandatario rechazó otorgar un subsidio a los permisionarios ó incrementar la tarifa de castigo.

Por el contrario, garantizó que los operativos se mantendrán hasta que el conflicto se solucione y amagó con cancelar permisos.

“En Nuevo León se aplica la ley y vamos a llegar ahora a las multas y si tenemos que llegar a las últimas consecuencias pues vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.

“Recordemos que es un negocio particular, el Gobierno no presta el servicio, no vamos a subsidiar un negocio particular, porque si no tendría fila de empresarios que van a decir, ‘oye yo no presto transporte, pero vendo tacos, a mí también subsídiame’”, expuso.

Y aunque dijo que persiste la confianza de un arreglo, sentenció que los transportistas violan acuerdos y esto no se permitirá.

“Si no el día de mañana me van a decir: ‘hagamos una rueda de prensa y vamos a decir que vamos a subir las tarifas a 20 pesos y así va a aplicar el día de mañana’. Pues claro que no, no lo vamos a permitir”.

El estado prevé iniciar una medición sobre aforos del transporte urbano para determinar los ingresos de cada ruta y establecer si la prestación del servicio es o no buen negocio para los permisionarios.

“Podemos hacer un despliegue con 200, 250 personas que hagan un aforo de cuánta gente está utilizando el transporte, hacemos un cálculo de lo que ingresa en un día en todo el transporte colectivo y le quitamos los gastos, los combustibles y vamos a hacer público cuánto es lo que ganan”, detalló.

Hasta ayer, la situación seguía en suspenso.

Por la mañana, representantes de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros, encabezados por Hernán Martínez Garza, se reunieron con el secretario general de Gobierno, Álvaro Ibarra.

Alrededor de las 10:00 los empresarios arribaron al Palacio de Gobierno y se dirigieron a la oficina del secretario, junto con el titular de la Agencia del Transporte, Víctor Manuel Martínez.

Después de dos horas a puerta cerrada, ofrecieron una rueda de prensa donde Ibarra Hinojosa afirmó que todo va por buen término.

Después de dicha reunión los transportistas indicaron que continuarían con su análisis y posteriormente regresarían al Palacio de Gobierno.

Al final no regresaron, según Víctor Martínez, porque no había nada que a ellos les interesara del ofrecimiento de la autoridad.

Finalmente hoy continuarán a las 10:30, sin embargo, aclaró que el Gobierno no negociará porque las tarifas no se modificarán.

“Les quiero comunicar a ustedes que nosotros estamos abiertos al diálogo, no a la negociación, la tarifa no se negocia”, comentó.

Dijo que lo que sí pueden ofrecer es gestionar ante el Gobierno Federal beneficios fiscales para los transportistas como la condonación del Impuesto al Valor Agregado al adquirir unidades nuevas.

Luis García y Sandra González

Monterrey  Tras la aprobación de reformas a la Ley del Transporte que facultan al Congreso local para fijar las tarifas de este servicio, el gobernador Rodrigo Medina confirmó que ya analizan la posibilidad de realizar observaciones, es decir, vetar dichas modificaciones.

A pregunta expresa, el mandatario sostuvo que el área jurídica del Gobierno del Estado inició unestudio para medir el impacto de esta medida, pero advirtió que dejarán correr los plazos legales antes de tomar una decisión.

Medina dijo no tener más información al respecto, pues su administración no ha sido notificada hasta el momento de lo aprobado por la mayoría panista.

“Yo le pedí a la Consejería que hiciera un análisis jurídico de las consecuencias que tiene esta ley que aprobó el día de ayer (miércoles) el Congreso (local) y en el término legal nos vamos a pronunciar.

“No puedo dar una respuesta en este momento, porque todavía no hemos sido notificados de cómo viene o en qué términos ésta reforma, pero lo analizaremos con mucho detenimiento, con responsabilidad y finalmente daré el punto de vista”, comentó el mandatario.

Pese a ello, ofreció que la decisión que tome su gobierno será en busca del mejor beneficio de los usuarios, no de la administración que encabeza.

Medina rechazó abundar más en la polémica generada con la aprobación de esta reforma, que se logró sin la presencia de los diputados del PRI en la sala de sesiones.

“Nosotros somos respetuosos del Congreso y el Congreso toma sus determinaciones, cada Poder tiene su parte y su responsabilidad en este y en todos los temas.

“Vamos a esperar que nos notifique cómo viene el procedimiento, bueno ya los diputados se pondrán de acuerdo si fue o no fue un procedimiento adecuado, correcto, pero esperaremos a que llegue esa reforma y nosotros nos pronunciaremos”, sentenció Medina de la Cruz.

De acuerdo a la Constitución de Nuevo León, el titular del Ejecutivo tiene un plazo de 10 días para presentar observaciones a las modificaciones y leyes que los diputados avalen en el Congreso local, de lo contrario, se da por aceptada.

En lo que va de su administración, Medina de la Cruz ha emitido sólo un veto en contra de las resoluciones de los diputados locales, durante la pasada Legislatura local, en contraste con su antecesor, Natividad González Parás, que objetó más de 20 reformas aprobadas por la entonces mayoría panista entre 2006 y 2009.

Luis García

Monterrey • Molestos aún por lo sucedido este miércoles, cuando el Pleno retiró al estado la facultad de fijar las tarifas del transporte, la bancada local del PRI reveló que buscarán la destitución del presidente de la Mesa Directiva, el panista Luis David Ortiz, y el Oficial Mayor del Congreso, Baltazar Martínez, por parcialidad en su trabajo.

Además de los recursos legales que ya analizan, la bancada local del PRI abrió otro frente de combate direccionado a golpear a la fracción de Acción Nacional.

Esto luego de que este miércoles los albiazules, apoyados con el PRD y el diputado independiente Erick Godar, aprobaron modificar la Ley de Transporte para que sea ahora el Congreso del Estado quien defina las tarifas del transporte público, y ya no más el Ejecutivo.

Sin embargo, el PRI ha argumentado inconsistencias jurídicas y violaciones al Reglamento Interior del Congreso, que presuntamente fueron apoyadas por el presidente y el Oficial Mayor.

En rueda de prensa, el diputado local Alberto Serna anunció que ante esta situación buscarán la destitución de ambos panistas.

“Tenemos las pruebas suficientes para pedir la remoción del puesto del diputado Luis David Ortiz que afortunadamente ya le queda poco, pero también exigir la renuncia del Oficial Mayor del Congreso del Estado”, advirtió.

Según explicó el legislador, existen evidencias gráficas de que fue el Oficial Mayor quien asesoró a los diputados del PAN acerca del procedimiento que debían seguir para madrugar al PRI y aprobar dicha reforma.

“En la foto de los medios se ve que están todos reunidos como lobos feroces con rabia, espumosos con sus colmillos hambrientos con sed de venganza analizando qué situación se va a llevar y el oficial mayor con ellos analizando cómo van a guisar el caldo, traen el Reglamento y la Ley en la mano y él opinando que se debe hacer”, señaló.

Serna mencionó dentro de las irregularidades figura haber citado a sesión extraordinaria en un día fuera del Reglamento y no haber estado presente en la votación los coordinadores del PRI, PT y Panal.

Esto último también es materia de análisis sobre recursos legales para invalidar la aprobación de estas reformas, aseguró.

Reynaldo Ochoa

Monterrey.- • La Comisión de Seguridad y Justicia presentó este jueves una iniciativa para derogar el delito de Secuestro del Código Penal del Estado… pero no es porque no se quiera perseguir, sino más bien para permitir que las privaciones de la libertad sean juzgadas con la Ley General Federal y no existan problemas legales.

Acompañado de los diputados del PAN, Fernando Elizondo y José Adrián González Navarro, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, Francisco Cienfuegos presentó la iniciativa de reforma que esperan analizar a la brevedad, al contar con consensos.

Se trata de cumplir con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado martes 21 de mayo y en la cual declaró inválidas las modificaciones que en materia de secuestro y trata de personas llevaron a cabo el año pasado los congresos locales de cuatro estados de la República en sus respectivos códigos penales.

Al señalar que sólo el congreso federal puede legislar sobre la materia y que desde el 15 de junio del 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En este sentido la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso Local presentó este jueves la iniciativa para derogar este delito del código local y que no se presente un escenario de duplicidad de delitos.

Aseguran que reformarán Ley del Isssteleon

Luego de la resolución de un juez federal de declarar discriminatoria la Ley del Isssteleon, el presidente de la Comisión de Fomento Económico, Jesús Hurtado, se comprometió a presentar un dictamen final para reformar esta ley que tiene más de 20 años de antigüedad.

Janet Gámez García fue la primera persona que logró ampararse, por la vía federal, contra la Ley del ISSSTELEÓN tras veinte años, el Grupo Legislativo de Acción Nacional se comprometió a aprobar las modificaciones de reforma a la normativa para brindar mayor certeza a empleados del estado que han sido discriminados.

Hurtado fue claro al señalar que si estas modificaciones no se han hecho es porque el estado hasta el momento no ha presentado el estudio de impacto económico que tendría sobre la paraestatal una reforma, por lo que ahora las modificaciones se harán sin tomar en cuenta al Ejecutivo.

Reynaldo Ochoa

Monterrey.- • Molestos aún por lo sucedido este miércoles cuando el Pleno retiró al estado la facultad de fijar las tarifas del transporte, la bancada local del PRI reveló que buscarán la destitución del presidente de la Mesa Directiva, el panista Luis David Ortiz y del Oficial Mayor del Congreso, Baltazar Martínez, por supuesta imparcialidad en su trabajo.

Además de los recursos legales que ya analizan, la bancada local del PRI abrió otro frente de combate bien direccionado a golpear a la fracción mayoritaria en el Congreso; Acción Nacional.

Esto luego de que este miércoles, los albiazules, apoyados con el PRD y el diputado independiente Erick Godar, aprobaron modificar la Ley de Transporte para que sea ahora el Congreso del Estado quien defina las tarifas del transporte público, y ya no más el Ejecutivo del Estado como está actualmente.

Sin embargo en este proceso, el PRI ha argumentado inconsistencias jurídicas y violaciones al reglamento interior del Congreso, que presuntamente fueron apoyadas por el Presidente de la Mesa Directiva, Luis David Ortiz y el Oficial Mayor, Baltazar Martínez Montemayor.

En rueda de prensa, el diputado local, Alberto Serna, anunció que ante esta situación, buscarán la destitución de ambos panistas, de sus cargos.

“Claro que vamos a pedir en estos días, si se puede hoy mismo, tenemos las pruebas suficientes para pedir la remoción del puesto del diputado Luis David Ortiz que afortunadamente ya le queda poco, pero también exigir la renuncia del Oficial Mayor del Congreso del Estado”, advirtió el legislador del PRI.

Según explicó el legislador local, existen evidencias gráficas de que fue el Oficial Mayor quien asesoró a los diputados del PAN acerca del Procedimiento que Debían seguir para en una sesión extraordinaria, “madrugar” al PRI y aprobar dicha reforma.

“En la foto de los medios se ve que están todos reunidos como lobos feroces con rabia, espumosos con sus colmillos hambrientos con sed de venganza analizando qué situación se va a llevar y el oficial mayor con ellos analizando como van a guisar el caldo, traen el reglamento y la ley en la mano y él opinando que se debe hacer”, señaló.

Serna de León mencionó dentro de las irregularidades cometidas por la fracción panista en la aprobación de las iniciativas antes mencionadas, haber citado a sesión extraordinaria en un día fuera del reglamento y no haber estado presente en el proceso de votación los coordinadores del PRI, PT y del PANAL.

Incluso esto último también es materia de análisis para interponer recursos legales en busca de invalidar la aprobación de estas reformas.

Reynaldo Ochoa

Monterrey.- • Molestos aún por lo sucedido este miércoles cuando el Pleno retiró al estado la facultad de fijar las tarifas del transporte, la bancada local del PRI reveló que buscarán la destitución del presidente de la Mesa Directiva, el panista Luis David Ortiz y del Oficial Mayor del Congreso, Baltazar Martínez, por supuesta imparcialidad en su trabajo.

Además de los recursos legales que ya analizan, la bancada local del PRI abrió otro frente de combate bien direccionado a golpear a la fracción mayoritaria en el Congreso; Acción Nacional.

Esto luego de que este miércoles, los albiazules, apoyados con el PRD y el diputado independiente Erick Godar, aprobaron modificar la Ley de Transporte para que sea ahora el Congreso del Estado quien defina las tarifas del transporte público, y ya no más el Ejecutivo del Estado como está actualmente.

Sin embargo en este proceso, el PRI ha argumentado inconsistencias jurídicas y violaciones al reglamento interior del Congreso, que presuntamente fueron apoyadas por el Presidente de la Mesa Directiva, Luis David Ortiz y el Oficial Mayor, Baltazar Martínez Montemayor.

En rueda de prensa, el diputado local, Alberto Serna, anunció que ante esta situación, buscarán la destitución de ambos panistas, de sus cargos.

“Claro que vamos a pedir en estos días, si se puede hoy mismo, tenemos las pruebas suficientes para pedir la remoción del puesto del diputado Luis David Ortiz que afortunadamente ya le queda poco, pero también exigir la renuncia del Oficial Mayor del Congreso del Estado”, advirtió el legislador del PRI.

Según explicó el legislador local, existen evidencias gráficas de que fue el Oficial Mayor quien asesoró a los diputados del PAN acerca del Procedimiento que Debían seguir para en una sesión extraordinaria, “madrugar” al PRI y aprobar dicha reforma.

“En la foto de los medios se ve que están todos reunidos como lobos feroces con rabia, espumosos con sus colmillos hambrientos con sed de venganza analizando qué situación se va a llevar y el oficial mayor con ellos analizando como van a guisar el caldo, traen el reglamento y la ley en la mano y él opinando que se debe hacer”, señaló.

Serna de León mencionó dentro de las irregularidades cometidas por la fracción panista en la aprobación de las iniciativas antes mencionadas, haber citado a sesión extraordinaria en un día fuera del reglamento y no haber estado presente en el proceso de votación los coordinadores del PRI, PT y del PANAL.

Incluso esto último también es materia de análisis para interponer recursos legales en busca de invalidar la aprobación de estas reformas.

Reynaldo Ochoa

Monterrey • La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado presentó este jueves una iniciativa para derogar el delito de secuestro del Código Penal del Estado… pero no es porque no se quiera perseguir, sino más bien, para permitir que las privaciones de la libertad sean juzgadas con la Ley General Federal y no existan problemas legales.

Acompañado de los diputados del PAN, Fernando Elizondo y José Adrián González Navarro, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad, el priista Francisco Cienfuegos, presentó la iniciativa de reforma que esperan analizar a la brevedad, al contar con consensos.

Se trata de cumplir con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado martes 21 de mayo y en la cual declaró inválidas las modificaciones que en materia de secuestro y trata de personas llevaron a cabo el año pasado los congresos locales de cuatro estados de la República en sus respectivos códigos penales.

Al señalar que sólo el Congreso federal puede legislar sobre la materia y que desde el 15 de junio de 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

En este sentido, la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso local presentó la iniciativa para derogar este delito del Código local y que no se presente un escenario de duplicidad de delitos.

“Se reforma la denominación del Capítulo I del Título Décimo Octavo del Libro Segundo para pasar de “privación ilegal de la libertad y secuestro” a “privación ilegal de la libertad”, y se deroga el Capítulo III del Título Décimo Octavo del Libro Segundo y los artículos 357, 357 BIS, 358, 358 BIS, 358 BIS 1, 358 BIS 3, 363 BIS, 363 BIS 1, 363 BIS 2 y 363 BIS 3, todos del Código Penal para el Estado de Nuevo León”, dice el resolutivo de la reforma entregada por Cienfuegos Martínez.

Por su parte, el diputado local del PAN e integrante de la Comisión, Fernando Elizondo Ortiz, explicó que esto es necesario para evitar que jueces juzguen erróneamente a secuestradores con el Código Penal local y que éstos puedan quedar libres con sólo promover un amparo.

El motivo

La resolución de la SCJN del pasado 21 de mayo declara inválidas las modificaciones que en materia de secuestro y trata de personas hicieron el año pasado los congresos locales de cuatro estados en sus códigos penales.

La Suprema Corte determinó que sólo el Congreso federal puede legislar sobre la materia y que desde el 15 de junio de 2012 entró en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Por ello, la Comisión de Justicia y Seguridad presentó la iniciativa para derogar este delito del Código local.

Reynaldo Ochoa

Monterrey  • Los empresarios del transporte y el Gobierno del Estado chocaron este jueves cuando las rutas camioneras cumplieron su amenaza y suspendieron el descuento al transbordo, a lo cual la administración respondió con una cacería de unidades para aplicarles multas que rondan los 20 mil pesos, y que podría alcanzar hasta a la empresa Enlaces Inteligentes, que administra la tarjeta Feria.

Según la Agencia Estatal del Transporte (AET), al corte del jueves dejó como saldo 105 multas aplicadas por inspectores de la dependencia a igual número de unidades, luego que sus propietarios no respetaran el 50 por ciento de descuento en transbordo a usuarios que pagan con la tarjeta Feria.

Estas multas equivalen a más de 2 millones de pesos sólo durante el primer día, que según el director de la AET, Víctor Manuel Martínez, serán cobrados a diferentes permisionarios.

La cifra equivale al 10 por ciento de lo que la Asociación de Transporte de Pasajeros asegura haber perdido por el descuento en las tarifas por transbordo.

“Probablemente se dude de cómo vamos a cobrar estas multas, pero estas multas sí las vamos a cobrar, primeramente por vía de la Tesorería las vamos a enviar, posteriormente si no las llegaran a pagar hay un procedimiento que se debe de llevar a cabo y podemos llegar hasta el embargo en ellas”, advirtió.

Como había sido anunciado, este jueves a las 06:30 alrededor de 30 elementos de la AET salieron del parque Niños Héroes para instalar distintos operativos.

El despliegue se vio en diferentes puntos de la zona metropolitana, especialmente en los cruce de Juan Ignacio Ramón y Cuauhtémoc; Arteaga y Juárez, y Juárez y Aramberri.

En cada punto, los elementos interceptaron a las unidades de transporte colectivo y comenzaron la revisión de los dispositivos de la tarjeta Feria.

Cada uno de ellos portaba una tarjeta, con la cual verificaron si los dispositivos cobraban el descuento.

Sólo un camión fue sacado de circulación cuando se bajaba pasaje en el Obelisco, y se le detectó que le salía humo cerca de la llanta trasera del lado derecho.

Se trataba de la unidad 230 el palmar bosques número económico 88; la unidad quedó asegurada, se le colocó una calcomanía con la leyenda fuera de servicio, los pasajeros bajaron del camión y éste fue ganchado a una grúa.

Luego del mediodía el operativo se estableció en otros puntos sobre Bernardo Reyes, en la Central de Autobuses, en Félix U. Gómez y Ramón Treviño, y otro más en Juárez y Arteaga.

Durante una rueda de prensa anoche en Palacio de Gobierno, Martínez advirtió que los operativos continuarán esta mañana.

El tema no quedó ahí, pues el director de la AET advirtió que ya se le informó a la empresa Enlaces Inteligentes que no pueden cambiar la tarifa, y al no acatar la medida, no descartan sancionar a la empresa que trabaja en coordinación con los transportistas

“Ya les notificamos nosotros a ellos di instructivo de que no podían ellos hacer caso a la asociación para modificar las tarifas, el proceder me lo reservo, pero están notificados tanto la asociación como de los señores que les da el servicio y que tienen el contrato para llevar a cabo estos verificadores de tarifa”, advirtió el funcionario estatal.

Agregó que analizarán la situación y culpabilidad de la empresa por no respetar la tarifa que estaba establecida.

En tanto, el presidente de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros, Hernán Martínez Garza, dijo que los abogados y asesores de la organización analizan si las multas son legales para proceder a pagarlas o bien, si buscan algún recurso jurídico para no cubrir el monto de las sanciones.

Invertirán lo que recauden

El dinero que ingrese a las arcas estatales por multas al transporte se aplicará en programas de beneficio a los usuarios, reveló el tesorero Rodolfo Gómez Acosta.

Sin precisar cuáles serían estos beneficios, rechazó que la aplicación de sanciones tengan un fin recaudatorio.

“Se van a aplicar en favor de los usuarios del sistema; no hay un afán recaudatorio por parte del estado, pero simple y sencillamente hay un afán de aplicar la ley con respecto de lo que fueron los acuerdos tarifarios en el pasado”, explicó.

Refirió que la dependencia podría generar un convenio con la Agencia del Transporte para transferirle los recursos, que tan sólo el día de ayer alcanzarían los 2 millones de pesos. Luis García/Monterrey

RICARDO ALANÍS, MARCIAL PASARÓN Y ZYNTIA VANEGAS

Guadalupe  • Porque no cumplía con diversos reglamentos municipales, un centro de apuestas fue clausurado temporalmente por las autoridades de Guadalupe.

El negocio que fue cerrado se denomina Casino Riviera, el cual está ubicado en la plaza comercial Carrusel, de la avenida Israel Cavazos, unos metros al sur de Pablo Livas.

Cabe destacar que dicho negocio no se encuentra en la relación de casinos legalmente establecidos o que fueron clausurados en la página de internet del municipio de Guadalupe.

Fue alrededor de las 17:30 cuando arribó a ese sitio el personal de la Dirección de Espectáculos y Comercio, Desarrollo Urbano y de Protección Civil, quienes se entrevistaron con los encargados del negocio para solicitarles la revisión de sus permisos.

Salvador Treviño Flores, director jurídico del municipio, explicó que los representantes del casinono contaban con autorizaciones legales correspondientes.

Al momento de la inspección, las autoridades de Guadalupe descubrieron que el negocio no contaba con permiso para la venta de bebidas alcohólicas, tampoco estaba autorizada la licencia de uso de suelo y no contaba con un plan de contingencia que exige la Dirección de Protección Civil.

De esa forma, los representantes de la ley ordenaron que las aproximadamente las 60 personas que había en el inmueble lo desalojaran de inmediato, para proceder a la clausura.

Agustín Martínez

Monterrey.-  • El diputado local del PAN, Jesús Hurtado, exigió al gobierno del Estado iniciar con las requisas o incluso el retiro de las concesiones, ante la decisión unilateral de los empresarios de suspender el descuento del 50% en el trasbordo.

Hurtado Rodríguez lanzó una crítica en dos sentidos, primeramente en contra de los empresarios por no respetar el acuerdo que tuvieron con el Gobierno del Estado el pasado 26 de noviembre para el tema del trasbordo.

“Muy lamentable la decisión de los empresarios del transporte en Nuevo León, por que no están cumpliendo con lo estipulado en los acuerdos llegados con el Gobierno del Estado”, señaló.

Pero también en contra del Gobierno del Estado al señalar que le ha faltado mano dura y que se encuentran rebasados por los intereses de los transportistas.

“El que vayan en contra de este acuerdo también demuestra una falta total del gobierno del estado de hacer cumplir estos acuerdos, manifiesta que tiene una mano débil, que no tienen una mano firme, que no tienen la capacidad para hacer cumplir a los empresarios con estos acuerdos”, agregó.

“Están completamente rebasados y están a merced de los empresarios del transporte y de los sindicatos que lo operan, considero que el Gobierno del Estado está entregado, no sé que les debe, no sé qué compromisos tenga, que acuerdos tengan, pero lo cierto es que el Gobierno del Estado está entregado a los empresarios del transporte”.

El Presidente de la Comisión de Fomento Económico que resolvió el tema de la reforma a la ley de transporte para que sea el Congreso Local y no el Ejecutivo quien fije las tarifas del transporte público, señaló que el estado cuenta con los recursos legales para quitar las concesiones a los transportistas e incluso aplicar la requisa.

“La ley le permite al Gobierno del Estado distintas sanciones; infracciones, cancelación de las unidades, cancelación de la concesión, incluso la requisa”, dijo el legislador local del PAN.

“Todas y cada una de estas posibilidades que tiene para sancionar, no las aplica…”, agregó.

Jesús Hurtado señaló que es risible la baja cantidad de multas que la Agencia Estatal del Transporte pudo aplicar este jueves con motivo del retiro del descuento, lo que señaló que demuestra aún más, que el Ejecutivo ha sido rebasado por el problema.

Reynaldo Ochoa