El campo de batalla donde luchan los hijos de Jalisco

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Este lunes, California amaneció con heridas frescas, y lo más seguro es que, en el transcurso de las siguientes horas, se hagan más profundas por la cerrazón de Trump de ordenar a fuerzas federales redadas contra migrantes.

Juan José Gutiérrez, director de la Coalición por Derechos Plenos de los Inmigrantes y originario de Zapopan, reveló el trauma invisible tras los enfrentamientos: familias enteras de Atotonilco o Arandas “duermen por turnos” para vigilar ventanas. Niños que deberían estar en clases ahora memorizan números de abogados. Abuelas que rezan a la Virgen de Zapopan entre gases lacrimógenos.

Desde el fin de semana han sido días de balas de goma, gases lacrimógenos y botas sobre el asfalto. De los más de cuatro millones de jaliscienses que viven en Estados Unidos, el 58 por ciento reside en California.

Están siendo humillados y en riesgo de ser deportados. Por eso las calles se llenaron de valientes compatriotas e hispanos de otras nacionalidades para protestar contra la presencia de la Guardia Nacional. No se han inhibido, a pesar de los trajes de camuflaje junto a fusiles en alto frente a puestos de hamburguesas humeantes. A pesar de la amenaza, la consigna corre de boca en boca: “No nos moverán”.

Bajo el cielo nublado de Los Ángeles, calles que llevan nombres hispanos —Olvera, Alameda, César Chávez— se han convertido en trincheras. Aquí, donde las redadas de la administración Trump han desatado una guerra urbana.

Gutiérrez lo dijo con crudeza anoche en Telediario Guadalajara: “Esto ya no es una ciudad. Es un campo de batalla donde nuestros jóvenes —hijos y nietos de jornaleros de Chapala o Tlajomulco— defienden su derecho a existir”.

La comunidad jalisciense en Los Ángeles enfrenta un despliegue sin precedentes: 4 mil guardias nacionales, 700 infantes de marina, o sea, un militar por cada ocho migrantes en barrios como Boyle Heights.

“Es la esclavitud moderna con uniforme de combate”, denuncia. “Cazan a jornaleros como si fueran delincuentes, pero su único crimen es levantar los rascacielos de esta ciudad”.

El activista señala el núcleo ilegal de los operativos: el Artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos prohíbe el uso de fuerzas militares para control civil en tiempos de paz.

Infantes de marina allanando viviendas en Compton mientras agentes de ICE revisan “Boletas 2024-2025” como supuesta identificación.

Mientras en México el debate se centra en la Pensión Bienestar o el Calendario Escolar, Guadalajara se pone de acuerdo para pintar murales con un nuevo grito: “De Los Ángeles a Jalisco: ¡La migra no nos divide!”

Las protestas ya no son solo contra las redadas. Son el grito de una generación que rechaza ser “extranjera” en la tierra donde nacieron sus abuelos.

Como dice el activista, mientras observa a jóvenes con playeras de Rayados y Tigres enfrentando tanquetas: “Ellos no piden visa. Existen”.

Desde Guadalajara, una ola de preocupación cruza fronteras. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus, alzó su voz públicamente para expresar su “profunda inquietud” ante las redadas migratorias desplegadas en California, que ya han desencadenado brotes de violencia y protestas en barrios con alta densidad de migrantes.

“Hemos seguido con atención los sucesos del fin de semana (...) en donde las redadas de Migración han generado preocupantes brotes de violencia”, escribió Lemus en un mensaje cargado de urgencia.

Por todo eso, la postura de Lemus no se limitó a la denuncia. Detrás de sus palabras hay una estructura de apoyo concreta:

• Diplomacia activa: contacto permanente con autoridades consulares y el obispo mexicano de Los Ángeles.

• Redes comunitarias: coordinación con asociaciones de jaliscienses en el exterior.

• Presencia física: uso de Casa Jalisco como centro operativo para brindar asistencia a connacionales vulnerables.

Lo más crítico de su mensaje es la denuncia del enfoque: Lemus reveló que estos operativos —dirigidos por autoridades migratorias y de seguridad— no persiguen a bandas criminales, sino a trabajadores en sus propios centros laborales. Esta focalización, subrayó, violenta un principio universal: “Exigió que se respeten los derechos humanos fundamentales de todas las personas”.

Es necesaria la solidaridad institucional de Jalisco como alma máter de los migrantes en Estados Unidos. Todos debemos reprobar la criminalización de la fuerza laboral migrante y no invisibilizar su contribución económica.

La preocupación debe transformarse en acción diplomática y de apoyo patriótico, cuestionando no solo los métodos, sino la ética de unos operativos que, bajo el pretexto de la ley, siembran caos en comunidades que sostienen con su trabajo la economía californiana.